El consejero de Administración Pública y Hacienda de la Junta de Extremadura, Ángel Franco, ha señalado que, con la información que tiene, "todas las sentencias" emitidas "hasta ahora" por cuestiones en torno a la constitucionalidad del decreto para la reducción del déficit público "son favorables" a las actuaciones de las administraciones públicas.

Ángel Franco ha indicado que tales actuaciones son "consecuencia de la aplicación directa del real decreto de junio de 2010" y ha añadido que "forma parte del guión que los representantes de los trabajadores de los empleados públicos o ellos mismos, si entienden que se han menoscabado sus derechos, formulen o planteen las cuestiones o las demandas pertinentes".

El consejero extremeño ha hecho estas declaraciones en rueda de prensa para tratar sobre el proceso de elecciones a la Asamblea de Extremadura 2011 al ser preguntado por el hecho de que, según ha informado la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO de Extremadura, un juzgado de Badajoz ha planteado al Tribunal Constitucional cuestión en torno a la constitucionalidad del RDL 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas para le reducción déficit público.

Franco ha dicho que esta "no es la primera demanda que tiene la Junta de Extremadura y la Administración General del Estado al respecto". "Con la información que yo tengo todas las sentencias hasta ahora son favorables a las actuaciones que realizamos las administraciones públicas consecuencia de la aplicación directa del real decreto de junio de 2010", ha apuntado.

"La Administración General del Estado, el Consejo de Ministros, entendió que tenía capacidad para hacerlo, las comunidades autónomas tuvimos que aplicarlo al ser una norma básica de obligado cumplimiento y todo lo que se pueda sustanciar en los tribunales pues ya veremos en qué acaba", ha apostillado.

A su vez, ha dicho que "forma parte de las reglas del juego de un estado democrático o un estado de derecho" el que se planteen cuestiones o demandas sobre este asunto.

"Pero insisto que la información que yo tengo de algunos pronunciamientos que ha habido de algunas salas no son favorables a las pretensiones de los demandantes", ha concluido el titular extremeño de Administración Pública y Hacienda.