El secretario general de CCOO en Andalucía, Francisco Carbonero, ha abogado este martes por que sea la Justicia la que investigue las posible irregularidades en los expedientes de regulación de empleo (ERE) y ha pedido a los partidos políticos que "no sólo estén pendientes de lo que les sucede a ellos electoralmente sino que estén pendientes de lo que sucede a la sociedad y a los trabajadores de Andalucía".

Así ha respondido Carbonero a preguntas de los periodistas, tras inaugurar una jornada sobre la situación laboral del empleo protegido en Andalucía, a las declaraciones del consejero de Empleo, Manuel Recio, en las que indicaba, respecto a los ERE 'muertos', que "cuando exista algún indicio de irregularidad se actuará en esos ERE, pero mientras que no exista ese indicio, nos vamos a actuar" y señaló que no tenía conocimiento de que la juez haya solicitado información adicional respecto a esos ERE.

El secretario general de CCOO-A ha señalado que "en todos los casos" es la Justicia "la que debería de investigar los temas de expedientes de regulación de empleo", de manera que "se dote a la Justicia de los medios suficientes para hacer el trabajo con rapidez" para que "se resuelva cuanto antes esta situación".

"Si hay responsabilidades, quien las tenga que las pague y luego que se termine con esta situación de permanente debate mediático más pensando en los procesos electorales que en el interés general de los andaluces y de los trabajadores", ha subrayado.

Asimismo, ha indicado que no se debe generar "más incertidumbre ni más prejuicio" a "miles" de trabajadores que en Andalucía han pasado por un ERE y, además, ha apuntado que esta situación "deteriora la imagen de cientos de empresas que nada tienen que ver con posibles irregularidades que haya podido haber en algún expediente".

Por último, ha llamado la atención sobre que esta "incertidumbre absolutamente innecesaria está impidiendo que miles de trabajadores cobren su pensión" y ha advertido de que "si no se resuelve este problema, habrá otro mayor: la reivindicación de los trabajadores para que se cumpla lo firmado, que está perfectamente en legalidad".