El Pleno del Congreso de los Diputados votará este martes una moción de ERC que pretende instar al Gobierno al "cumplimiento de todos los compromisos derivados" del nuevo modelo de financiación, lo que implica la concesión de los anticipos de tesorería correspondiente a fondos y recursos adicionales para 2011, no incluidos en los Presupuestos Generales del Estado, en base al "principio de lealtad institucional".

Este, precisamente, es uno de los argumentos que el PP ha esgrimido para presentar un recurso contra las cuentas públicas ante el Tribunal Constitucional, si bien el Ejecutivo sostiene que la reforma de la Ley de Financiación Autonómica, que se aplica "íntegramente" en 2011, hace innecesarios estos anticipos.

La iniciativa de la formación republicana exige que se respete las inversiones que estipula la Disposición Adicional Tercera del Estatut, en base al "principio de lealtad institucional" y a adoptar "normativamente" la publicación y actualización "al menos cada dos años" de las balanzas fiscales entre la Administración Central del Estado y las comunidades autónomas, empezando por las de 2009.

Como contrapartida, pide que el Gobierno de "cumplimiento íntegro" de las medidas incluidas en el Acuerdo de Racionalización del sector público empresaria, aprobado hace casi un año por el Consejo de Ministros, "con el fin de aumentar su eficacia y reducir el gasto público que comporta".

Salgado dice que cumple.

Esta iniciativa se origina en el debate que el pasado miércoles mantuvo el portavoz de ERC, Joan Ridao, y la vicepresidenta económica, Elena Salgado, quien defendió que el Estado cumple "escrupulosamente" sus compromisos pero las cuentas públicas de 2011 son las primeras que recogen "íntegramente", lo que hace innecesario conceder "anticipos adicionales".

En este sentido, Salgado ha asegurado que "todos los informes jurídicos" avalan al Gobierno, que está "cumpliendo escrupulosamente" con todos sus compromisos financieros, incluidos los recogidos en el Estatut catalán".