El acusado Jaime Hachuel, contratado por el presunto cerebro de corrupción en Marbella (Málaga), Juan Antonio Roca, para encargarse de los temas de seguridad, ha asegurado que su trabajo siempre ha ido dirigido "para prevenir delitos, no para prevenir investigaciones" y ha negado que sospechara de éste. "Me hubiera gustado sospechar, porque seguramente no estaría aquí sentado", ha dicho en la vista oral del caso 'Malaya'.

Este procesado ha explicado que comenzó a trabajar para Roca a finales de septiembre de 2004 tras un atraco a mano armada en la sede de Maras Asesores, aunque también el principal acusado le expresó "su inquietud" por amenazas sufridas en el ámbito de su familia. En 2005, ha dicho, entra en la empresa Masdevallía para responsabilizarse de los proyectos de seguridad de algunas urbanizaciones de lujo en construcción.

En su declaración en el segundo bloque del juicio, Hachuel ha señalado que lo contrató personalmente el presunto cerebro de la trama, aunque la nómina de 1.200 euros se le abonaba a través de dicha sociedad. Ha apuntado que también se le encargó la protección física de distintas instalaciones vinculadas a Roca, como su vivienda personal, algunas fincas, como la Caridad; o el hotel La Malvasía de El Rocío.

Aunque ha asegurado que también se encargó de acompañar al autobús del colegio al hijo de Roca, por petición de éste, ha afirmado que "escolta del señor Roca no he sido". Sí ha admitido que acompañó a otro de los acusados a recoger unos cheques en Madrid, interviniendo la Policía en ese momento, aunque ha manifestado que no sabía que había dinero, "porque hubiera establecido medidas de contravigilancia".

El acusado, que, ha precisado, estuvo 16 años al servicio de la Casa Real y luego fue jefe de seguridad en hoteles y unos grandes almacenes, ha manifestado que se ha enterado de la detención de Roca por el caso 'Saqueo' "en este plenario", indicando que sólo conocía "lo que se vivía con Jesús Gil" y que el principal acusado trabajaba en una sociedad municipal. Ha indicado que Roca le dijo también que instalara dispositivos para barridos de micrófonos y microcámaras.

Ha dicho que Roca tenía siete u ocho teléfonos y ha admitido que él adquirió en una feria comercial de Madrid ocho teléfonos encriptados que se repartieron entre los colaboradores más cercanos, que costaron 4.000 euros cada uno. Ha explicado que la compra se hizo porque "Roca me transmite su nerviosismo por una serie de hechos que se estaban dando en Marbella de filtraciones y pinchazos telefónicos privados de manera ilícita".

"Es algo muy habitual, a diario se están pinchando de manera ilegal teléfonos fijos y móviles", ha indicado Hachuel, quien ha dicho que el contacto con la empresa se realizó después de recibirse un anónimo en la casa de Roca. Ha afirmado que no sabe por qué fueron ocho teléfonos los que se compraron y ha señalado que los destinatarios eran "los que venían en una lista que me dio el señor Roca". SOSPECHAS

"No sé qué es lo que querrían hablar, pero en principio era que de manera ilícita no se intervinieran", ha señalado el acusado, quien ha considerado que la finalidad no era evitar la intervención judicial y que "si hubiera tenido la más mínima sospecha, hubiera dejado de trabajar para Roca y no se los hubiera proporcionado". Ha afirmado que "nunca" ha ocultado que trabajaba para Roca y que ningún mando de la Policía Nacional ni de la Guardia Civil le dijo nada sobre éste.

Hachuel ha insistido en que "si hubiera escuchado algo, me hubiera marchado" y ha dicho que no sabía si lo visitaban promotores o negociaba convenios. Sí ha dicho que le costaba "mucho" reunirse con él porque "tenía una actividad empresarial bastante grande", aunque ha señalado que "el patrimonio que yo vi al entrar fue el mismo que al final, en marzo de 2006". Ha incidido en que las medidas tomadas eran "habituales en el mundo de la seguridad.

Ha dicho que hizo "como mucho" dos gestiones con las Fuerzas de Seguridad del Estado o con Policía Local para identificar matrículas "de coches robados, de bandas organizadas o de alguien que pudiera hacer un rapto", además de chequear al personal de las empresas, cosas "habituales" en el trabajo de los responsables de seguridad. Preguntado por un CD que llevaba cuando fue detenido que ponía 'Grabación IGM', ha dicho que se compró un equipo para grabar a través del ordenador y "el señor Roca supongo que hizo una prueba".

Otros presuntos testaferros

Los acusados Gonzalo Astorqui y Julio Blasco, presuntos testaferros de Roca, han declarado también este lunes y ambos han asegurado que fueron administradores "reales" de sociedades del presunto cerebro de la trama, pero han señalado que no fueron los hombres de confianza en las empresas.

Así, Astorqui, que ya comenzó a declarar la pasada semana, ha asegurado que no tenía conocimiento del patrimonio ni de otras sociedades y era administrador real "por mi experiencia y por mi capacitación", negando que fuera persona de confianza de la propiedad, que tuviera cualquier vinculación con el Ayuntamiento de Marbella o que formara parte de una organización criminal.

"Yo no voy a dejar Madrid ni un puesto de trabajo fijo con un sueldo y con mi familia para dedicarme a ser un bandolero", ha dicho el procesado quien ha apuntado que para realizar una gestión normal no tenía que llamar a Roca y que no vio nada anormal en cuanto a las sociedades que administraba y que siguió gestionando tras la intervención judicial, sólo que "bajo la supervisión del juez".

Por su parte, Blasco, que comenzó a trabajar en una de las sociedades en 2003, ha asegurado que no sabía que trabajaba para Roca ni que la sociedad fuera de éste, ya que aunque estuvo presente en la entrevista que se le hizo, no se le dijo que el dueño era él, sino que pensaba que trabajaba para la empresa. Además, ha manifestado que no participaba en las reuniones y que no supo nada acerca de una nueva estructura empresarial.

Ha señalado que Maras sólo se encargaba de emitir las nóminas de los empleados de Marbella en dos sociedades, sin tener que dar cuentas a nadie allí; y ha manifestado que él leía todo lo que firmaba, negando que viera indicio alguno de blanqueo de capitales en la actividad comercial de las empresas a las que estuvo vinculado.