El ex presidente de la Confederación de Asociaciones Empresariales de España (CEOE) y propietario del conglomerado de empresas Trapsayates, Gerardo Díaz Ferrán, se ha desvinculado del presunto amaño el concurso para la explotación de amarres en el Port de Maó, al asegurar ante el juez instructor del caso Mar Blau que no intervino "para nada" en las negociaciones que se habrían llevado a cabo al margen del proceso y que tampoco sabe "nada de él".

Así lo ha puesto de manifiesto durante la declaración que ha prestado en calidad de imputado ante el titular del Juzgado de Instrucción número 8, Antoni Rotger, en la que ha sido interrogado acerca del contrato por el que el Club Marítimo de Maó debía ceder de forma presuntamente irregular a Teinver -perteneciente a Trapsa- 13.500 euros y tres amarres valorados en 4,5 millones de euros, a cambio de que esta empresa se retirase del concurso. "No conocía el valor económico del contrato", ha aseverado el empresario.

Sí ha apuntado, sin embargo, al entonces consejero delegado del grupo, Juan Manuel Domínguez -también imputado en esta causa- como la persona que elaboró el contrato y "era quien tomaba las decisiones". Díaz Ferrán ha manifestado además que por aquella época -el contrato fue rubricado en octubre de 2005- estaba "muy desvinculado" de estas empresas. De hecho, en Teinver ha asegurado que "directamente" no tenía ninguna participación sino a través de otras sociedades en un porcentaje que "no llegaba al 50 por ciento".

Según las investigaciones, mediante este contrato se alcanzaba un acuerdo con el Club Marítimo para que éste, pese a haber quedado segundo en el concurso de amarres, resultase ganador al margen del dictamen de la mesa de contratación y del proceso de adjudicación. Pero para ello, Trapsa debía renunciar a la adjudicación a cambio de recibir tres amarres de tres metros de eslora y 13.526 euros más IVA, lo que quedaba establecido en la cláusula tercera del contrato.

Tal y como consta en uno de los oficios incluidos en el sumario del caso, fue el ex presidente de la Autoridad Portuaria de Baleares (APB), Juan Verger, quien propuso esta solución al presidente del Club Marítimo de Maó, Luis Barca, a fin de evitar que su oferta quedase en segundo lugar del concurso y que Trapsa renunciase a la primera posición en que había quedado, a cambio de recibir como contrapartida el dinero y los amarres.

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