Los conductores de coches de alquiler sufren la falta de información y cobros inesperados durante estas vacaciones

El alquiler de un coche parece la opción perfecta para disfrutar de unas vacaciones con libertad de movimientos, viajando de cala en cala o de pueblo en pueblo, aprovechando el tiempo al máximo. Y lo es, siempre y cuando no se vuelva a casa con un extra inesperado en la cuenta corriente o en la tarjeta de crédito del banco tras haber devuelto el coche.

Es lo que les pasó a S. C. y V. C., una pareja italiana que decidieron viajar a Menorca durante sus vacaciones de verano. Al alquilar un vehículo y no disponer de una tarjeta de crédito apta para las condiciones de la empresa, les solicitaron un depósito de unos 200 euros más 85 euros en concepto de repostaje de combustible. O así se lo dieron a entender, porque días después recibieron los 85 euros del combustible, ya que devolvieron el tanque lleno, pero no el depósito ni otros cerca de 30 euros en concepto de tasa por repostaje.

Y es que, tras tratar con atención al cliente de la empresa en cuestión, descubrieron que no se trataba de una fianza si no de un pago corriente, algo que en el mostrador nadie les indicó. Defienden que nadie les explicó correctamente qué tipo de pago estaban autorizando (aunque sí que queda reflejado en los términos y condiciones de la empresa) y se sienten estafados, aunque no hay opción a reclamar. 

No son los únicos. Adentrarse en cualquier página de opiniones y valoraciones sobre cualquiera empresa de alquiler da una idea de que esta sensación de haber sido estafado es generalizada entre los usuarios de coches de alquiler. Falta de información en los contratos y en el mostrador a la hora de recoger el coche, cobros inesperados o incluso fianzas no devueltas por desperfectos no cometidos al vehículo en cuestión están entre las quejas más habituales. 

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha recibido un total de 149 consultas y reclamaciones de este tipo en los últimos dos meses y medio. La organización ha señalado, por un lado, que el contrato no siempre incluye información básica. Además, en muchas ocasiones esta falta de datos no se completa en el mostrador o los usuarios desconocen tanto sus derechos como algunas de las obligaciones que tienen que cumplir al ir a recoger el coche, por lo que se arriesgan a perder incluso el alquiler del vehículo. 

Seguros, cargos y tasas a posteriori

Qué cubre el seguro básico para el coche de alquiler que incluyen en las compañías en el contrato

Para evitar problemas en este sentido, la OCU recomienda comprobar que el contrato cite expresamente el alcance de la cobertura del seguro, además de la fianza, la identificación de los conductores, la duración del contrato, la forma de pago y los detalles sobre la recogida y devolución del coche. También hay que ver, en el momento de recoger el coche y firmar, si se contempla algún cargo adicional no previsto y preguntar al respecto.

Por otro lado, también se detectan cobros posteriores (los usuarios argumentan que, muchas veces, infundados) por defectos en el vehículo. La OCU recuerda "revisar con detalle" el estado en el que entregan el coche y hacer constar, por escrito y con fotografías, cualquier anomalía a la compañía antes de abandonar la oficina de alquiler. Lo mejor es acompañar al empleado durante la revisión del estado del vehículo en la entrega y hacerle constar cualquier arañazo, por pequeño que parezca.

Por otro lado, los cargos por servicio de repostaje de más de 30 euros o cargos adicionales por limpieza (a no ser que se devuelva el vehículo en muy malas condiciones) son "improcedentes" según la organización y será consecuente reclamar si no están incluidos expresamente en las condiciones del contrato.

Muchos usuarios, sin embargo, expresan sus quejas, pero no inician reclamaciones oficiales por desconocimiento o por falta de tiempo y ganas de enfrentarse a un proceso de estas características. Aun así, la OCU la organización explica que en caso de conflicto y ante una falta de acuerdo con la compañía, el afectado puede recurrir a la vía judicial sin necesidad de abogado ni procurador hasta un importe máximo de 2.000 euros.