¿Cuándo se empezará a cobrar por el uso de las autovías libres de pago?

No es la primera vez que desde el Gobierno se rumorea la opción de convertir las autovías gratuitas en carreteras de pago, pero sí que parece que esta vez se hace realidad después de la publicación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia publicitado desde el Gobierno y que se nutrirá de 140.000 millones de euros de fondos europeos entre los años 2021 y 2026.

Tal como anunció el diario El País, el Gobierno central se habría comprometido con la Comisión Europea a crear y activar un plan de autofinanciación y conservación de las vías de alta capacidad, ya que su mantenimiento se dispara anualmente hasta los 1.200 millones de euros. Además, según la patronal Seopan estas vías presentan un déficit de 10.000 millones de euros, por lo que esta iniciativa también iría en la dirección de suavizar las pérdidas. 

El Gobierno abordará el pago por uso de autopistas y autovías al ver "lógico" contribuir a su mantenimiento

Las intenciones del Gobierno quedan reflejadas en el Plan de Recuperación, donde se especifica que "se revisará la financiación de las vías de alta capacidad y se establecerá un sistema de ingresos que garantice los fondos necesarios para la conservación de la red viaria estatal". 

Este concepto se repite en las líneas de actuación referidas a las infraestructuras sostenibles: "es preciso desarrollar un sistema de pago por uso de la red de vías de alta capacidad que permita cubrir los costes de mantenimiento e integrar las externalidades negativas del transporte por carretera como sucede en el resto de infraestructuras".

Sin fecha, de momento

Sin embargo, aunque la idea ya está reflejada, no se sabe todavía cuándo se implementará por lo que no hay que empezar a preocuparse de antemano. El Ministerio de Transportes plantea la implementación de esta iniciativa en el medio plazo y desde el Ejecutivo todavía tienen que mandar a Bruselas el plan, por lo que las autovías no se convertirán en vías de pago a lo largo de este año. Además, la intención es encontrar el consenso con el sector del transporte para que a aquellos usuarios que utilizan estas vías de manera cotidiana y por motivos laborales no les afecte esta medida.

Por otro lado, esta idea puede llegar a discriminar a ciertas regiones españolas, sobre todo las periféricas, a la hora de que sus ciudadanos se desplacen hacia el interior u otras partes del país, encareciendo notablemente sus recorridos y lastrando, por lo tanto, su desarrollo.