La liberación de la AP-2 y la AP-7 ha sido un hecho esperado por conductores particulares y profesionales desde hace mucho tiempo. Primero, obviamente, por el ahorro económico. Segundo, y no con menos peso, por la seguridad vial. Se espera que la posibilidad de poder circular por estas vías de alta capacidad en vez de hacerlo por las carreteras nacionales que plantean recorridos alternativos (y mucho más golosos económicamente hablando) ayude a reducir la alta siniestralidad en ciertos tramos de la circulación.
El ahorro para el bolsillo de todos los conductores es una de las consecuencias positivas de la liberación, ya que la red de autopistas pasará a ser ahora un 73% más barata que hace 4 cuatro años. El ahorro total será de 1.400 millones de euros anuales de media entre todos los usuarios. Pero el aspecto económico no es el único efecto relevante de incorporar a la red nuevos tramos gratuitos: la seguridad vial también se va a ver reforzada.
Es el caso de la N-II que transcurre paralela a la AP-2 desde Zaragoza hasta Fraga y que según los datos estadísticos acumula un total de 709 accidentes de tráfico en la última década. Compartir un único carril por sentido con camiones que deben circular como máximo a 90 kilómetros por hora (y, a veces, incluso a 80), los adelantamientos temerarios y los excesos de velocidad en tramos de baja visibilidad de esta carretera han pasado factura a lo largo de los años.
Como ha destacado la Federación de Transportistas, la liberación favorecerá la diversificación y descongestión del tráfico, permitiendo que en las carreteras nacionales solo circulen los vehículos pesados limitados a 90 kilómetros por hora y que las autovías sean para aquellos otros modelos que pueden conducir a más velocidad. Esta redistribución del tráfico será, a partir de ahora, por elección y no únicamente por criterios económicos.
El Ministerio de Transportes prevé un aumento del tráfico en la AP-2 y la AP-7 estos días como ya sucedió en el resto de tramos que han sido liberados hasta ahora. Este crecimiento del volumen de vehículos se ve con buenos ojos, ya que mejorará la seguridad vial en las carreteras convencionales y, al mismo tiempo, la contaminación.
Las quejas
Nunca llueve a gusto de todos. Más allá de la celebración de la liberación, hay una serie de afectados que no ven con tan buenos ojos la retirada de los peajes. Se trata de los municipios catalanes y aragoneses por los que hasta ahora transcurrían las autopistas.
Las localidades aragonesas y catalanas van a dejar de percibir a partir de este año el IBI que las concesionarias de las autopistas les abonaban hasta ahora y desde el año 2017. Los cuatro municipios de Huesca y los siete de Zaragoza percibían desde ese año cerca de tres millones de euros a repartir por la explotación de la AP-2.
En el caso de Cataluña son más los municipios afectados ya que son dos las autopistas que dejan de abonar este impuesto. Los 27 municipios de Tarragona van a dejar de ingresar 3 millones de euros. En Lleida, los ayuntamientos afectados son 16 y dejarán de recibir 1,3 millones por la AP-2. En el caso de Girona y Barcelona, las pérdidas por la AP-7 serán de 3,75 millones y 2,8 millones de euros.
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