El Ayuntamiento cifra en un 60% el porcentaje que ni siquiera estaría protegido de un corte de suministro.
El Consistorio ha encargado un informe jurídico que considera que la ley catalana 24/2015 continúa plenamente vigente a pesar de la regulación del bono social.
El gobierno municipal insta a las empresas suministradoras a firmar convenios para que se corresponsabilicen del gasto que genera la pobreza energética.