UGT Granada, ante la denuncia de Manos Limpias por posible fraude contra los sindicatos UGT y CCOO, a los que atribuye haber malversado fondos públicos al percibir subvenciones de la Junta de Andalucía para la organización de cursos de formación, ha resaltado que esta acusación es "radicalmente falsa" en lo que a su organización se refiere, pues "todas nuestras acciones formativas tanto para trabajadores en activo como para trabajadores en desempleo se realizan bajo la más estricta legalidad".
Manos Limpias ha presentado este martes ante el Decanato de los Juzgados de Granada una denuncia por posible fraude contra los sindicatos UGT y CCOO, a los que atribuye haber malversado fondos públicos al percibir subvenciones de la Junta de Andalucía para la organización de cursos de formación, que no llegaron a impartirse, falsificándose incluso firmas de posibles alumnos, o que se programaron sin el control de los inspectores.
Manos Limpias prepara un escrito para pedir a la juez que investiga los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares tramitados por la Junta de Andalucía, Mercedes Alaya, que impute en la causa al secretario de Ciudades y Política Municipal del PSOE y exconsejero de Presidencia de la Junta de Andalucía, Gaspar Zarrías, como "cómplice y cooperador necesario en la trama".
El colectivo de funcionarios públicos Manos Limpias ha remitido una carta al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, donde le solicita que cese o revoque a Magdalena Alvarez en su puesto de vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI), y el nombramiento de otra persona que represente a España "que esté al margen de toda sospecha de corrupción", por la imputación de Álvarez en el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos tramitados por la Junta de Andalucía.
El sindicato Manos Limpias ha solicitado una fianza de responsabilidad civil de 125 millones de euros, más el tercio legal previsto, para la exconsejera de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía entre 1994 y 2004 y exministra de Fomento Magdalena Álvarez, a quien la juez que investiga los ERE irregulares ha imputado los presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos.
El secretario general del sindicato Manos Limpias, Miguel Bernad, ha ratificado este jueves la denuncia contra el sindicato UGT-A por "falsear facturas" para pagar pancartas y publicidad para la huelga general de 29 de septiembre de 2010, cuando los fondos, procedentes de la Junta, tenían una finalidad de formación para desempleados, una denuncia que ha dado lugar a que el juez de Instrucción número 9 de Sevilla haya incoado diligencias previas.
El sindicato Manos Limpias ha anunciado este jueves que volverá a pedir al juez del 'caso Nóos' la imputación de la Infanta Cristina, mientras que ya ha solicitado la declaración como testigos de la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, y del expresidente de la Generalitat Francisco Camps, todo ello después de que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) haya decidido no imputarlos.
El sindicato de funcionarios Manos Limpias ha formulado ante el Juzgado Decano de Sevilla una nueva ampliación de su denuncia contra UGT-A por presuntos delitos de malversación de caudales públicos, falsedad documental y apropiación indebida ante el uso "indebido" de fondos de formación para desempleados, así como por presuntos delitos contra la seguridad de los trabajadores, la Seguridad Social y la Hacienda Pública, de forma que extiende su denuncia a los responsables de la Junta de Andalucía encargados de la fiscalización de las subvenciones por una responsabilidad 'in vigilando'.
El sindicato Manos Limpias, personado como acusación en la causa de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares, considera que el recurso que la Fiscalía Anticorrupción interpuso contra el auto en el que la juez Mercedes Alaya imputó a los expresidentes de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán y Manuel Chaves y cinco exconsejeros autonómicos "obedece a otras motivaciones, que no las estrictamente jurídicas, y que trasciende a los fiscales delegados".

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