La jueza del caso de los ERE fraudulentos de la Junta de Andalucía, Mercedes Alaya.
La jueza que investiga los ERE fraudulentos, Mercedes Alaya, a su llegada a los juzgados de Sevilla.
El viceconsejero de Empleo entre 2004 y 2010, Agustín Barberá (dcha), junto a su abogado, Pedro Apalategui, a su llegada a los Juzgados de Sevilla.
  • La Fiscalía Anticorrupción no ha pedido prisión ni fianza para Barberá, que se ha acogido a su derecho a no declarar por los ERE fraudulentos.
  • Se le imputan supuestos delitos de malversación, falsedad, prevaricación y omisión del deber de denunciar delitos.
  • El abogado del exconsejero Antonio Fernández pide a la juez "una sustancial rebaja" de la fianza de 450.000 euros que le impuso la Audiencia de Sevilla.
El ex director general de Trabajo de la Junta de Andalucía, Juan Márquez (i), acompañado por su abogado, en el momento en que ha llegado a los juzgados sevillanos para declarar ante la juez Mercedes Alaya que instruye el caso de los ERE irregulares.
  • Atribuye a Juan Márquez haber concedido hasta 154 millones de euros en ayudas sociolaborales y a empresas siendo consciente de la ilegalidad del procedimiento.
  • Le ha imputado los delitos continuados de omisión del deber de perseguir delitos, malversación, prevaricación omisiva y activa, y falsedad en documento oficial.
  • Por último, la jueza Alaya le imputa haber otorgado 30 ayudas a Huelva "con la intención de favorecer a su sector".
El exdirector general de Trabajo de la Junta de Andalucía imputado en el caso de los ERE fraudulentos, Francisco Javier Guerrero (i), acompañado por su abogado, Fernando de Pablo, en la sede de los juzgados de Sevilla.
  • La magistrada Mercedes Alaya rechaza la petición de libertad del ex director general de Trabajo de la Junta.
  • Adelanta un día la declaración como imputado del exconsejero de Empleo, Juan Francisco Trujillo.
  • Guerrero lleva en prisión desde el 10 de marzo, a petición de la Fiscalía.
  • Podría ser condenado a una pena de hasta 18 años de cárcel por malversación.
La jueza del caso de los ERE fraudulentos de la Junta de Andalucía, Mercedes Alaya.
  • Mercedes Alaya ha estimado en 617 las ayudas sociolaborales y en 270 las directas otorgadas fraudulentamente.
  • Recalca que el exdirector de Trabajo de la Junta Francisco Javier Guerrero, "en connivencia con otros", otorgó esas ayudas de manera "injustas y arbitraria".
  • La fiscalía Anticorrupción avanza que el importe destinado de manera ilegal asciende a 933 millones de euros.
  • La Junta de Andalucía asegura que aún no se han cuantificado las ayudas fraudulentas.
  • Alaya ha enviado a prisión a Guerrero por el caso de los ERE.

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