La coalición denuncia que la Generalitat y la Diputación contrataron a una empresa que forma parte de la red corrupta para un torneo de golf en Castellón.
La firma estaba dirigida por un supuesto testaferro de Francisco Granados.
El Castelló Masters Costa Azahar se disputó entre 2008 y 2011 en el campo de golf que dirigía y gestionaba el propio Carlos Fabra.
El viernes 21 de noviembre, el Consejo de Ministros anunció que había denegado la petición de indulto solicitada al Gobierno.
La sentencia de la Sección Primera de la Audiencia de Castellón llegó el 25 de noviembre de 2013.
El empresario Vicente Vilar presentó en 2003 dos querellas contra el expresidente del PP de Castellón por delitos contra la salud y la propiedad industrial.
Este lunes terminaban los 5 días que le dio la Audiencia Provincial de Castellón para su ingreso voluntario en prisión por su condena por el 'caso Naranjax'.
Alberto Fabra, sobre Carlos Fabra: "A nadie nos hubiera gustado verlo en esta situación, pero la Justicia llega a todos".
La Audiencia condenó a Fabra en 2013 a cuatro años de prisión por cuatro delitos contra la Hacienda Pública, a una multa y una indemnización.
El expresidente de la Diputación de Castellón aún podría recurrir en los próximos días, pero fuentes cercanas al caso aseguran que no tiene intención de hacerlo.
El también expresidente del PP provincial no ha querido hacer declaraciones sobre ese supuesto ni ha avanzado en qué cárcel ingresará.
Sobre si se ha sentido "traicionado" por el PP, ha dicho que ya no es del partido.
El fiscal solicitaba el "inmediato" ingreso en prisión del condenado.
Fabra fue condenado a 4 años de prisión por defraudar a Hacienda en el 'caso Naranjax', pero la pena fue suspendida hasta resolverse la petición de indulto.
Se opone a la decisión de la Audiencia Provincial de Castellón de suspender el ingreso en prisión mientras el Gobierno resuelve su petición de indulto.
Fue condenado a cuatro años de prisión por cuatro delitos contra la Hacienda Pública, y a pagar una multa e indemnización que suman cerca de 1,4 millones.
La sala entiende que se dan todos los requisitos exigidos en el Código Penal.
Entre ellos están la inexistencia de antecedentes y el pago de la multa.
El expresidente del PP y de la Diputación de Castellón fue condenado a cuatro años de cárcel por delitos fiscales, pena que confirmó el Tribunal Supremo.