El organismo comunitario considera que con ese contrato se ha podido cometer un delito de malversación de fondos europeos.
Desde España no pueden negarse a enviar la documentación, pero remarcan que no ven que se cometiera ese delito porque las mascarillas se pagaron y entregaron.
El abogado de Villarejo preguntó a Calvente si existía una "relación íntima" entre uno de los fiscales del caso y la abogada Marta Flor, que representa a Dina Bousselham.