Para más de 22.000 empleados en España

Telefónica sigue a ING y se lanza a regular gastos y horarios del teletrabajo

La teleco inicia conversaciones con la plantilla para fijar unas nuevas reglas ante la expansión de esta modalidad por las restricciones de la Covid.

El presidente de Telefónica España, Emilio Gayo, presenta las iniciativas de la compañía para los próximos meses
El presidente de Telefónica España, Emilio Gayo.
Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo
El presidente de Telefónica España, Emilio Gayo, presenta las iniciativas de la compañía para los próximos meses

El teletrabajo ha venido para quedarse. Y las grandes compañías cotizadas en España quieren poner reglas claras para instaurarlo en el día a día de sus plantillas. Telefónica cuenta con más de 22.000 empleados en las principales filiales con las que opera en el país. Y el plan pasa por que una inmensa mayoría siga trabajando desde sus casas al menos hasta final de año. Por ello, la cúpula, liderada por Emilio Gayo, quiere tomar la delantera y ansía tener un pacto con los sindicatos mayoritarios para una nueva regulación de los horarios y sus restricciones, de los nuevos procesos y de los costes que debe cubrir la compañía en esta forma de organización. Por ello, tras su insistencia, en los próximos días se iniciarán los primeros contactos con los representantes.

Antes de que estallara la pandemia del coronavirus, la teleco tenía en España algo más de 2.400 empleados teletrabajando. Se estaba planeando por parte de la compañía extender el programa para así, al menos, duplicar esa cifra. El confinamiento puso patas arriba toda esa organización y obligó a encerrarse en casa a más del 90% de los trabajadores. El tiempo ha pasado y el proceso de desescalada ya se inició tanto en la sede del madrileño barrio de Las Tablas, como en el resto de centros de trabajo. Hoy, según confirman fuentes sindicales, hay unos 2.300 empleados trabajando en servicios críticos. A partir de la próxima semana se sumarán los que se han presentado voluntarios que, en total, son algo más de medio millar. A estos se sumarán unos 850 a partir del mes de septiembre, de acuerdo a los datos de la encuesta elaborada por la empresa entre la plantilla.

La conclusión es que habrá una mayoría de la plantilla que seguirá trabajando desde casa durante meses. Y por eso se quiere ordenar. Hasta ahora había una normativa muy somera incluida en el último convenio colectivo, aprobado a finales del pasado año, donde se introducía la posibilidad de ofrecer entre uno y cuatro días a algunos empleados. Se estipulaban, además, dos principios básicos: la voluntariedad de la medida y la reversibilidad. Por tanto, no se podía imponer y tampoco se podía impedir volver a la situación anterior.

Los peliagudos costes de internet

Uno de los aspectos críticos de esa regulación se encuentra en el reparto de los costes vinculados a la actividad desde casa, que incluyen desde los consumos de luz o agua hasta los equipos informáticos y la conexión a internet. Este último es un asunto clave y algo peliagudo para la operadora, pues este es su mercado y puede surgir algún tipo de conflicto de interés. Y la razón hay que encontrarla en que aún una proporción muy significativa de empleados de la teleco que no tienen los servicios de Movistar u O2 contratados en sus hogares personales. Los que sí lo tienen gozan de un descuento de hasta el 50% en base al convenio colectivo de las tres grandes filiales -España, Móviles y Soluciones-.

En concreto, según los datos aportados por el secretario general de CCOO en el grupo, Jesús González, algo más de un 60% -unos 13.000 empleados en todas las provincias españolas- tienen productos contratados para sus hogares de la primera marca. Es decir, cerca de un 40% no son clientes y por tanto el pago por esta conectividad iría a parar a las arcas de otras firmas como Orange o Vodafone, competidoras directas. Por tanto, esos pagos no resultan sencillos y su regulación, tampoco.

El de los gastos vinculados a la actividad en el hogar no es el único aspecto a regular. También se encuentra la posibilidad de ejercer la responsabilidad en una segunda residencia, alejándose del centro de trabajo, el establecimiento de los horarios para el respeto a la desconexión digital; el número de días que se debería acudir obligatoriamente a las instalaciones, y la infraestructura física en el centro de trabajo. Telefónica es una compañía que cuenta con decenas de espacios físicos repartidos por toda España. Sólo en Las Tablas tiene 13 edificios -uno de ellos alquilado para la implantación de la escuela de programación 42-. Parte de esos espacios estaría inutilizado, por lo que obligaría a una reorganización de los puestos de trabajo para centralizarlos y así también lograr un ahorro de costes.

Uno de los que ha tomado la delantera en España es la entidad financiera ING. El grupo ha pactado con su plantilla un plan de trabajo en remoto 100% libre para sus 1.400 empleados, por lo que cada uno de ellos podrá elegir si acude a la oficina o cumple con sus tareas desde casa. Esta primera regulación plantea, entre otras medidas, la creación de un horario acotado de reuniones, la restricción al envío de correos o la realización de llamadas más allá de las 19:00 horas. No contempla ningún tipo de contraprestación económica para quien quiera optar por esta modalidad. Otras compañías como Banco Santander han planteado algunas medidas iniciales como el respeto a los tiempos de descanso y la garantía del derecho a la “desconexión digital”.

La ley del Gobierno

Telefónica quiere acelerar en su regulación mientras el Gobierno ya ha iniciado todos los trámites para poner en marcha la suya a través del Boletín Oficial del Estado (BOE) en forma de ley ante el convencimiento de que se extenderá mucho más por las restricciones impuestas con la pandemia -hoy menos de un 5% de toda la población activa trabaja en remoto, según datos del INE-. Hace unas semanas lanzó una consulta pública previa a la elaboración de esa normativa. El objetivo es resolver algunos inconvenientes que presenta esta modalidad, como es la protección de los datos, las brechas de seguridad, el “tecnoestrés”, el horario continuo, la conectividad digital “permanente”, el mayor aislamiento laboral o una asimetría en el intercambio de la información entre quienes sí acuden de manera presencial y los que están desde su casa. Desde el Ministerio de Trabajo entienden que no cabe la posibilidad de no regular pues es necesario establecer unos mínimos “obligatorios y generales”.

Yolanda Díaz quiere proporcionar una regulación suficiente con un marco de derechos mínimos que planteen, entre otros, los principios sobre la voluntariedad de esta fórmula de trabajo; el principio de igualdad de trato en las condiciones profesionales, en especial la retribución incluida la compensación de gastos, la promoción y la formación profesional, o el ejercicio de los derechos colectivos, junto con los tiempos máximos de trabajo y los mínimos de descanso.

Telefónica no va a esperar a que haya una ley. El equipo liderado por Emilio Gayo ha promovido la negociación con los agentes sociales para tener su propio plan. Un plan que será en sí mismo un auténtico experimento corporativo, pues la plantilla en el país supera los 22.000 empleados con varios centenares de centros de trabajo repartidos por toda España. Un reto en toda regla.

Jesús Martínez

Periodista económico nacido en tierras andaluzas (Jaén, 1983). Me incorporé al equipo de La Información a principios del año 2018 para cubrir el sector de las telecomunicaciones, las startups y las grandes empresas tecnológicas. Anteriormente, me ocupé de la misma área informativa en el diario 'El Español' desde su fundación. Durante los años previos colaboré en diversos medios como 'El Confidencial', 'Expansión' y las revistas 'Forbes' o 'Emprendedores'.

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