Ante el Ciadi

La japonesa Mitsui reclama a España 102 millones en su arbitraje renovable

Los servicios jurídicos del Estado contratacan encargando un informe pericial sobre la rentabilidad de las plantas energéticas en las que invirtió el demandante junto a FCC.

Imagen de archivo de placas solares.
Imagen de archivo de placas solares.
EP
Imagen de archivo de placas solares.

Si hay un panorama que no cambia con la entrada del nuevo año para la Abogacía General del Estado son los numerosos arbitrajes abiertos contra España ante las distintas sedes internacionales. La mayoría tienen su origen en los sucesivos recortes retroactivos a las renovables acometidos en 2012, ámbito en el que acumula medio centenar de reclamaciones, y descansan en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi). 

Una de las últimas demandas fue la planteada por la japonesa Mitsui en octubre de 2020, que mantiene varias inversiones energéticas en suelo español. Entre ellas se cuenta una participación en la planta de energía termosolar "Palma del Río" en Córdoba, proyecto del que es socio junto a FCC y que iba a suponer una inversión total de 272 millones de euros. El proyecto entró en funcionamiento en 2012 con una extensión superior a 200 campos de fútbol y una superficie de más de 340.000 metros cuadrados de espejos parabólicos.

Pese a que la solicitud de arbitraje se registró hace tiempo, España desconocía hasta hace pocas semanas el importe reclamado por Mitsui. Según la documentación consultada por este medio, el conglomerado japonés ya ha puesto cifras a su reclamación principal, que asciende a 102 millones de euros más intereses en concepto de indemnización por daños y perjuicios. Esta cantidad sitúa al procedimiento arbitral como uno de los más costosos a los que se enfrenta actualmente el Gobierno, que hasta la fecha ha logrado rebajar la factura conjunta por las renovables hasta los 4.500 millones de euros, cuando las demandas iniciales rozaban los 9.950 millones. 

España presentó la contestación a la demanda el pasado 23 de diciembre

De esta forma, entre la carta emitida por la secretaría del Ciadi, en la que se conminaba al Reino de España a comenzar un arbitraje en el marco de las reglas establecidas por el organismo, y la presentación del escrito de demanda el pasado 24 de septiembre ha transcurrido casi un año. Durante este tiempo los servicios jurídicos estatales se han mantenido a la expectativa y, en consecuencia directa por esta dilación, sin saber muy bien qué pasos dar de cara a plantear su estrategia de defensa.

Una vez dictada la orden procesal del arbitraje que, entre otras cuestiones, implica la aprobación del calendario del procedimiento, la Abogacía General del Estado ya cuenta con información suficiente para mover ficha y armar su estrategia legal. Por lo pronto, el Reino de España presentó la contestación a la demanda el pasado 23 de diciembre. Por esas mismas fechas aceleró la contratación de un perito especializado para contraponer ante el tribunal del Banco Mundial los informes financieros  presentados por Mitsui. 

La tarea ha sido encomendada a la firma británica Secretariat Advisors, que deberá analizar en su informe todos los aspectos económicos y financieros de la demanda, lo que incluye un estudio de las plantas energéticas objeto de demanda y para la que tanto Mitsui como FCC recurrieron a un préstamo de 226 millones de euros. En este sentido, los abogados estatales habrían requerido al perito un informe sobre la rentabilidad y vida útil de la instalación con el objetivo de rebajar las pretensiones económicas del demandante.

Ambas partes expondrán la información contenida en sus informes periciales ante el tribunal de arbitraje encargado de dirimir el conflicto. Se constituyó en mayo de 2021 y está integrado por el franco-sirio Georges Affaki en calidad de presidente, propuesto por el presidente del Consejo Administrativo del Ciadi, el estadounidense John Y. Gotanda, designado por la Miutsi, y el británico William Blair por parte de España. Este último, considerado un experto en derecho bancario y financiero, también fue designado en el arbitraje de BM Global contra España por la venta del Banco Popular, y que fue suspendido por acuerdo de las partes en junio de 2019.

Mostrar comentarios

Códigos Descuento