Más de la mitad de los clientes en España

El Gobierno juzgará con el escudo antiopas las operaciones de Vodafone y Telefónica

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, durante su intervención en la presentación del Centro Europeo de Excelencia de Vodafone a 31 de enero del 2021 en Málaga (Andalucía). Vodafone ha elegido a Málaga como sede de su centro europeo de excelencia de I+D+i, una instalación dedicada al desarrollo de soluciones tecnológicas y servicios digitales que generará más de 600 empleos altamente cualificados Álex Zea / Europa Press 31/1/2022
Telefónica, Vodafone... El Gobierno tendrá la última palabra con el 'escudo antiopas'
Europa Press
La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, durante su intervención en la presentación del Centro Europeo de Excelencia de Vodafone a 31 de enero del 2021 en Málaga (Andalucía). Vodafone ha elegido a Málaga como sede de su centro europeo de excelencia de I+D+i, una instalación dedicada al desarrollo de soluciones tecnológicas y servicios digitales que generará más de 600 empleos altamente cualificados Álex Zea / Europa Press 31/1/2022

El Gobierno contará con la capacidad de arbitrar dos de las tres operaciones que se van a vivir en el 'baile' de las telecomunicaciones en España. Tendrá la última palabra no sólo para la llegada de Saudí Telecom Company (STC) al 9,9% dentro de Telefónica, sino también para la venta de la filial local de Vodafone. Esta última también deberá aprobarse por el Consejo de Ministros, pues este es un sector estratégico y cuenta con los requisitos incluidos en la ley. Hay que recordar que el grupo con sede en Londres tiene aún pendientes despliegues importantes de redes ultrarrápidas de 5G.

En los próximos meses se decidirá el futuro de las telecomunicaciones en España. La irrupción de la empresa estatal de telecomunicaciones de Arabia Saudí en el antiguo monopolio. La fusión de Orange y Másmóvil en una 'joint venture' al 50%, que implicará dar carta de naturaleza como cuarto operador a la rumana Digi. Y la venta parcial o total del negocio de Vodafone, que mantiene desde hace semanas negociaciones con Zegona para completarla. En dos de ellas, el Ejecutivo gracias al 'escudo antiopas' tendrá voz.

La de Vodafone es, quizá, la más inmediata. La operadora británica, la primera teleco que contó con licencia para operar a mediados de los 90, pretende vender una posición superior al 50% de las acciones de su holding en España. Se trata de una compañía que cuenta con unos 4.000 trabajadores en el país. Tiene un 17% de los clientes de banda ancha fija de España y más del 20% de móviles. Ostenta un espectro radioeléctrico muy relevante, en todas las bandas 'subastadas' por el Ministerio de Economía con los sucesivos gobiernos. Y tiene en su haber contratos relevantes, también en el segmento de la Defensa.

Eso le coloca como una empresa estratégica, cuyo cambio de control debería pasar por la mesa del Consejo de Ministros, como queda constancia en la normativa que se actualizó el pasado mes de julio. En el decreto ley se deja claro algo que obliga al comprador a pasar el examen. En el texto se insiste en que los operadores de comunicaciones electrónicas que sean titulares de concesiones públicas de espectro radioeléctrico "siempre estarán sometidas a autorización". Además de esto, está enmarcada en el sector de las telecomunicaciones, que se incluye como 'estratégico', y es adjudicataria de contratos relevantes vinculados a las Fuerzas Armadas relacionados con las comunicaciones.

Acuerdo 'exprés'

Las conversaciones con potenciales compradores se han acelerado en los últimos días, con Zegona como el mejor posicionado para la compra y con una oferta sobre la mesa. Todo apunta a que en los próximos días habrá un acuerdo para cerrar la transacción, aunque aún ninguna de las partes ha confirmado al cierre de esta edición que se haya alcanzado. El hecho de no esperar al veredicto de la Comisión Europea sobre la fusión de Orange y Másmóvil explica que entre los potenciales compradores exista el convencimiento de que habrá 'luz verde' con unos 'remedies' pactados y no especialmente agresivos.

El último antecedente en el sector de una autorización del Consejo de Ministros está en la oferta pública de adquisición (OPA) lanzada por Másmóvil para controlar  Euskaltel. Dio el visto bueno en junio de 2021, apenas tres meses después del anuncio formal de la transacción. El propio cuarto operador también tuvo que pasar el examen del Ejecutivo en 2020 con la OPA lanzada por los tres fondos de inversión extranjeros (KKR, Cinven y Providence). El beneplácito se dio sin condiciones un mes después de ejecutar la oferta. En aquel momento era el cuarto operador, con algo de espectro propio (heredado de Yoigo), una cuota de mercado creciente, pero sin una red especialmente extensa (se apoyó tradicionalmente en la red de Orange con su acuerdo mayorista).

Al margen del 'arbitraje' que hará el Gobierno, la plantilla de Vodafone vive estos días con mucha tensión entretanto se firma definitivamente el acuerdo. Hay más preocupación en caso de que la operadora británica se desvincule completamente de sus activos en España y venda el 100%, aunque varias fuentes sindicales insisten en que la estrategia de Zegona en Telecable, en primer término, y en Euskaltel fue agresiva pero no implicó importantes salidas de personal o ajustes laborales. Ese es el gran temor: que el fondo británico lleve a cabo su estrategia 'Buy-Fix-Sell' ('Comprar, arreglar, vender') con venta de activos y salidas masivas. Ya el CEO en España, Mario Vaz, pidió foco en el negocio a los equipos y en el plan comercial y trató de calmar los ánimos.

¿Y STC con Telefónica?

El caso de STC en Telefónica también implicará pasar por la mesa del Consejo de Ministros. El gigante saudí ha llegado al 4,9% y pretende alcanzar el 9,9% -el resto lo tiene en derivados financieros con Morgan Stanley-. Debido a que se trata de una cotizada con intereses directos en la Defensa Nacional, necesita la autorización. El Gobierno ha insistido en las últimas semanas en que está estudiando la operación de cerca, pero aún no cuenta con una solicitud formal del grupo asiático, que no ha dejado de dilatar los plazos. Hay que tener en cuenta que este movimiento en una "empresa estratégica" como la teleco presidida por José María Álvarez-Pallete se produce con el Ejecutivo en funciones y sin iniciar la nueva legislatura.

Hace un mes, Bloomberg informó de que el Gobierno estaba barajando como opción imponer condiciones para permitirle alcanzar su objetivo accionarial, similares a las que se pusieron sobre la mesa para la entrada de IFM en Naturgy -control en los dividendos, mantenimiento de las inversiones...-. Los saudíes no dieron ninguna pista este lunes en la presentación de los resultados del tercer trimestre, donde sólo insistieron en su intención de alcanzar el 9,9% y trataban de calmar los ánimos llamando a la "cooperación" con el grupo español.

Jesús Martínez

Periodista económico nacido en tierras andaluzas (Jaén, 1983). Me incorporé al equipo de La Información a principios del año 2018 para cubrir el sector de las telecomunicaciones, las startups y las grandes empresas tecnológicas. Anteriormente, me ocupé de la misma área informativa en el diario 'El Español' desde su fundación. Durante los años previos colaboré en diversos medios como 'El Confidencial', 'Expansión' y las revistas 'Forbes' o 'Emprendedores'.

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