Con la vista en los PGE

Montero consulta a técnicos y juristas cómo derribar el 'oasis fiscal' de Ayuso

María Jesús Montero
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, consulta unos documentos.
Europa Press
María Jesús Montero

Un grupo de trabajo impulsado por el Ministerio de Hacienda y formado por el subdirector general de Impuestos Patrimoniales, Luis Javier Romero;  técnicos de la propia Dirección General de Tributos y de la Agencia Tributaria; e investigadores del Instituto de Estudios Fiscales ha trabajado durante semanas en el análisis de las alternativas que el Gobierno puede tener a su disposición para retocar el Impuesto de Patrimonio en el marco del próximo proyecto de Presupuestos Generales del Estado y para tratar de atacar el 'oasis fiscal' creado en la Comunidad de Madrid, por la vía de bonificar en todo o en parte la cuota del impuesto que le corresponde abonar al contribuyente, según aseguran a La Información varias fuentes conocedoras de la iniciativa.

Según estas mismas fuentes, la constitución del grupo responde al interés del Ministerio de Hacienda por explorar las alternativas técnicas y la posibilidad jurídica de derogar o cuanto menos restringir la bonificación fiscal vigente en Madrid - y que también lo estuvo en La Rioja y Canarias hasta la reciente llegada de los Gobierno socialistas -, que desfiscaliza 'de facto' el pago de impuestos de los contribuyentes por su patrimonio. El asunto es objeto de un animado debate entre los propios fiscalistas, que se dividen entre los que entienden que el establecimiento de esas bonificaciones es una decisión potestativa de los gobiernos autonómicos en ejercicio de su corresponsabilidad fiscal, como defiende también el Gobierno de la Comunidad de Madrid, y los que piensan que no es más que un vericueto legal para esquivar la operativa de un impuesto que está implantado a escala nacional.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, no ha ocultado en ningún momento su rechazo a estas disposiciones que ha considerado en varias ocasiones como un ejercicio de "competencia fiscal desleal" y cuya modificación ha situado como su prioridad número uno en el momento en que se aborde la reforma de la financiación autonómica, para la que aboga por la implantación de un modelo de tipos mínimos y horquillas de tributación para evitar que gobiernos como el madrileño aprovechen su mejor posición relativa para eliminar impuestos 'de facto' y atraer contribuyentes a su territorio. Eso sí, siempre ha situado esa reforma estructural del Impuesto de Patrimonio en el marco de la reforma de la financiación autonómica.

Sea porque la reforma de la financiación autonómica parece hoy más lejos que nunca, porque la crisis del coronavirus y las apreturas presupuestarias que va a generar hayan hecho que cambie de opinión o simplemente porque quiere tener todo el menú de opciones encima de su mesa para luego decidir, la ministra Montero ha querido chequear las alternativas de las que dispone para introducir cambios de fondo en el Impuesto de Patrimonio. Según las fuentes consultadas además de las opciones técnicas que se han barajado en el seno del grupo de trabajo, Hacienda también ha encargado informes jurídicos a nivel interno para explorar los cauces legales que tendría a su disposición si optara por inutilizar con un cambio legal y sin esperar a la reforma de la financiación autonómica las bonificaciones al Impuesto de Patrimonio introducidas por los gobiernos autonómicos.

Fuentes del Gobierno de la Comunidad de Madrid advierten de que el Ejecutivo madrileño entendería una maniobra de ese tipo como un ataque a su esfera competencial y no dudaría en acudir a los tribunales para defender sus derechos. Fuentes del ámbito académico próximas al Ejecutivo recuerdan que la turbulenta historia del Impuesto de Patrimonio dentro del sistema fiscal español demuestra que "con este impuesto se puede hacer de todo". La principal prueba de ello es que después de más de treinta años sobreviviendo como un impuesto supuestamente temporal, el Gobierno de Zapatero lo liquidó en 2009, lo tuvo que reimplantar dos años más tarde para conseguir un puñado de ingresos extra y a día de hoy sobrevive a golpe de prórrogas anuales después de que Cristóbal Montoro le pusiera como fecha de caducidad el 1 de enero de 2014 pero luego lo fuera prorrogando año tras año para no prescindir de los más de 1.000 millones de euros de ingresos que proporciona a las comunidades autónomas que han decidido no eliminarlo.

El Gobierno socialista incluyó un cambio legal para cambiar la naturaleza temporal del impuesto y convertirlo en una figura estable dentro del marco fiscal español en los proyectos de Presupuestos de 2019 y 2020, pero el naufragio de ambas iniciativas ha seguido obligando al Ejecutivo a sujetarse a la figura de la prórroga anual prevista en los Presupuestos de 2018 para continuar manteniéndolo en activo.

El mayor foco de controversia del 'oasis fiscal' madrileño

La bonificación del 100% de la cuota del Impuesto de Patrimonio en la Comunidad de Madrid, instaurada por Esperanza Aguirre en el año 2008 - un año antes de que el Gobierno Zapatero decidiera eliminar el impuesto en toda España-, es una de las disposiciones más controvertidas de todo el sistema fiscal doméstico. Lo es no sólo porque 'perdona' una media de dos millones de euros a algo más de medio millar de grandes fortunas que declaran estar en posesión de un patrimonio superior a los 100 millones o porque el 60% de los más de 900 millones de euros que la Comunidad de Madrid deja de recaudar por esta vía benefician a contribuyentes con un patrimonio reconocido de más de 10 millones, sino también porque se ha convertido en un imán para los contribuyentes más adinerados de toda España que no han dudado en hacer las maletas e instalarse en Madrid para disfrutar de esta potentísima ventaja fiscal.

La derogación de este régimen fiscal se ha convertido en un objetivo político prioritario no sólo para el Gobierno de la Nación sino también para los gobiernos de la regiones limítrofes a la Comunidad de Madrid y de otras más lejanas como Cataluña, Comunidad Valenciana o Andalucía que en los últimos años han observado impotentes como algunos de sus mayores contribuyentes emigraban a la capital en busca de un entorno fiscal más 'friendly'. El pulso político alrededor de este aspecto se percibió también en el comité de expertos configurado en la última etapa de la era Rajoy para perfiles los asuntos fundamentales de una futura reforma del sistema de financiación autonómica, en el que una mayoría de los expertos designados por las comunidades autónomas abogaron por establecer un sistema que impidiera a los gobiernos regionales desactivar impuestos para evitar una perniciosa competencia fiscal a la baja.

Ésa también es la opción predilecta para la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que sin embargo sabe también que ese camino es un campo sembrado de minas desde el punto de vista política por la oposición frontal que generaría desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid y desde el principal partido de la oposición. En los últimos dos años, de hecho, desde Hacienda se han valorado otras opciones como incluir los ingresos del Impuesto de Patrimonio a la hora de valorar la capacidad fiscal de las comunidades autónomas dentro del sistema de financiación autonómica, algo que en la actualidad no ocurre y que de implantarse reduciría los recursos que percibe la Comunidad de Madrid de los fondos de nivelación del sistema. Una forma de penalizar a Madrid por renunciar a esos recursos sin necesidad de recortar sus competencias fiscales. 

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