'Nueva normalidad' en la Administración

Medio año de Covid entre funcionarios: 1.500 reuniones al día y mujeres en casa

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Medio año de Covid entre funcionarios: 1.500 reuniones al día y mujeres en casa
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Medio año después de la explosión de la pandemia que ha hecho tambalearse todos los cimientos de la vida cotidiana, incluyendo el laboral, tanto en el ámbito privado como en el público, la radiografía de los centros de trabajo dependientes de la Administración General del Estado (AGE) es la siguiente: 1.500 videoconferencias al día, con apenas un 22% de los empleados prestando servicios en modalidad no presencial -a pesar de que la recomendación general del propio Gobierno es trabajar a distancia para prevenir los contagios- y una proporción más elevada de mujeres teletrabajando que de hombres, en muchos casos, porque son ellas las que se quedan en casa atendiendo a menores de edad y personas mayores dependientes que tienen a su cargo.

El Ministerio de Política Territorial y Función Pública elabora desde el pasado mes de abril informes de seguimiento sobre las medidas adoptadas con motivo de la Covid-19 en los centros de trabajo dependientes de la Administración General del Estado, excluyendo al personal de las Fuerzas Armadas y al de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. La intención es medir la aplicación del teletrabajo en la AGE, inicialmente establecida con preferencia para colectivos vulnerables, con patologías o personas a cargo. Esto, teniendo en cuenta que no fue hasta finales de septiembre cuando el Gobierno aprobó la regulación básica del trabajo a distancia para 2,5 millones de funcionarios y empleados públicos: voluntario y reversible, con igualdad de derechos y obligaciones respecto a la modalidad presencial y expresamente autorizado por cada unidad administrativa.

Pues bien, un análisis pormenorizado de los informes revela que en el pico de la emergencia sanitaria, en el mes de abril, el personal en activo que prestaba servicios en modalidad no presencial ascendía a 108.796 personas sobre un total de 174.092 efectivos. Es decir, el 62% de la plantilla estaba teletrabajando durante el primer estado de alarma en el que se decretó el confinamiento de la población, con todas las trabas que aquella situación supuso a la hora de realizar trámites con las distintas administraciones. Pero desde entonces, y a pesar del estallido de la segunda ola a finales del verano y de que el Ejecutivo sigue aconsejando a las empresas que apuesten por el teletrabajo para prevenir los contagios, el porcentaje de teletrabajadores en la AGE se ha ido reduciendo paulatinamente, hasta el 22% actual (ahora mismo prestan servicios a distancia 39.563 efectivos de un total de 177.843).

Los últimos datos disponibles, del pasado mes de octubre, reflejan además una importante brecha de género que, de hecho, ha estado presente en los centros de trabajo dependientes de la AGE durante toda la pandemia. Los datos son cristalinos: la Administración cuenta con una plantilla de 90.780 mujeres y 87.063 hombres repartidos entre los distintos ministerios, pero son ellas las que mayoritariamente optan por trabajar desde casa (22.499, frente a 17.064). Además de que el género femenino es más vulnerable al Covid (5.333 teletrabajadoras) que el masculino (4.268), el principal motivo por el que las funcionarias trabajan desde el domicilio es por cuidado de menores de 14 años (5.958, frente a 3.919 hombres que alegan esta circunstancia) o de mayores a cargo (1.343, frente a 884). 

El resto de la plantilla que practica el teletrabajo (17.858 funcionarios y empleados públicos en total, 9.865 mujeres y 7.993 hombres) lo hacen por ser la opción más adecuada para su función o por las características particulares del departamento en el que se encuentran. Aunque el trabajo a distancia ya existía en la Administración antes de la Covid, la implantación más generalizada de esta metodología laboral se vio acelerada en marzo ante la crisis sanitaria, que lo configuró como preferente. Con la desescalada, Función Pública fijó un protocolo para la reincorporación gradual a los puestos presenciales, si bien ante la nueva ola de contagios el Ministerio parece resistirse a volver a apostar por el teletrabajo de manera masiva.

Ante este panorama, y a pesar de la entrada en vigor de la nueva ley que regula el trabajo a distancia y que afecta tanto a los funcionarios como al personal laboral de las administraciones públicas, los sindicatos critican que el teletrabajo se está aplicando sin un criterio fijo, generando desigualdades entre las plantillas de los distintos departamentos, en función de las decisiones concretas que toma cada centro de trabajo u organismo específico. Una falta de homogeneidad que, ante una situación sanitaria que se está agravando a distinta velocidad entre las comunidades autónomas, requiere de un protocolo que impulse la jornada a turnos y continuada en la modalidad presencial en las zonas con restricciones y el teletrabajo con presencialidad exclusiva en servicios esenciales en las zonas confinadas, según reclaman a Función Pública las organizaciones sindicales.

Como ejemplo de esta desigualdad y falta de homogeneidad basta mirar a los ministerios. Y es que el desarrollo del trabajo a distancia entre los empleados públicos de la AGE oscila entre el 3% que lo practican en el Ministerio de Defensa o el 4% en Interior y el 63% en el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo o el 59% en Universidades. Por ejemplo, en el departamento de Trabajo que dirige Yolanda Díaz, que no solo ha empujado a las empresas al teletrabajo sino que lo ha regulado por ley, solo trabaja a distancia un 28% de la plantilla. Y en el de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones que pilota José Luis Escrivá apenas lo hace el 11%. Y otro dato llamativo: en el Ministerio de Igualdad de Irene Montero, donde están teletrabajando 84 personas (el 47% del total) 69 son mujeres y 15 hombres.

Videoconferencias y cursos

El informe de seguimiento de la Secretaría General de Función Pública también aporta otros datos interesantes como, por ejemplo, el número de reuniones por videoconferencia que se han realizado desde el día 10 de marzo: 314.191 en total hasta octubre, o lo que es lo mismo, 1.500 reuniones virtuales al día celebradas en el conjunto de los centros de trabajo dependientes de la Administración General del Estado. De nuevo, con diferencias notables entre departamentos ministeriales, pues mientras el Ministerio de Ciencia e Innovación ha acaparado en este periodo 92.300 de todas las 'video call', Defensa ha realizado 35.888 o Exteriores, 24.144, otros como Igualdad o el Ministerio de Consumo que dirige Alberto Garzón apenas han desarrollado 1.002 y 708 videoconferencias, respectivamente, a pesar de ser un instrumento clave en pandemia para empresas y administraciones.

Además, el informe aporta datos sobre los cursos y actividades formativas desarrolladas por los ministerios desde el 10 de marzo, la mayoría de ellos de manera online. Aquí la palma se la lleva el departamento de Margarita Robles (Defensa), con un total de 2.338 cursos, seguido del de Pedro Duque (Ciencia), con 1.665. Los que menos interés han mostrado en estas actividades formativas son el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico de Teresa Ribera (29 cursos en los siete meses de pandemia) y el de Universidades de Manuel Castells (36). Y una última cifra: el teléfono 060, el número reservado al servicio de información de la AGE, ha recibido 7.565.129 llamadas desde marzo.

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