Tras el acuerdo con Puigdemont

Los catalanes dejan solo al PNV para pedir al PSOE la gestión de la Seguridad Social

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez y Aitor Esteban
El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez y Aitor Esteban
Europa Press
El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez y Aitor Esteban

El PSOE ha amarrado este jueves el apoyo más difícil de cara a la investidura que el Congreso de los Diputados acogerá los próximos 15 y 16 de noviembre, el de los siete diputados de Junts liderados desde Bruselas por Carles Puigdemont. El documento compartido por ambas formaciones ahonda en la autodeterminación y el pacto fiscal de forma que se abre paso a negociar la creación de una Agencia Tributaria catalana, sin embargo, la transferencia del régimen económico de la Seguridad Social incluida en los programas electorales de Junts y ERC queda fuera de los acuerdos, por lo que el PNV -con el pacto aún por cerrar con los de Pedro Sánchez- se queda solo en la exigencia de esta competencia, la que es una "reclamación histórica" del País Vasco. 

El propio Puigdemont advertía en su intervención en Bruselas que la postura que defenderían los catalanes en la mesa de negociación bilateral acordada con el PSOE sería la expresada por el Parlament de Catalunya y no la recogida en el listado de propuestas electorales de la formación que hubiese ganado las elecciones. Si bien, ERC y Junts promovieron este lunes en el hemiciclo autonómico una "ley de financiación singular" al registrar las conclusiones de la Comisión de Estudio sobre la Deuda Histórica del Estado con Catalunya. El texto, al que ha tenido acceso La Información cuenta con 19 páginas en las que se propone tanto la recaudación de todos los impuestos por parte de Cataluña como crear la Agencia de Seguridad Social Catalana, sin embargo solo la primera de ellas se ha reflejado en el pacto con el PSOE.

Según los independentistas este sería el primer paso para "impulsar un sistema propio de pensiones" aunque también exigen la transferencia de la gestión de la Seguridad Social a la Generalitar, "en el marco de una revisión de competencias o de una eventual negociación de independencia" acompañada de un importe igual a la deuda histórica en esta materia bajo el concepto de "hucha de pensiones". Asimismo, las conclusiones de los expertos proponen la creación de un grupo de trabajo para diseñar y acordar este sistema que garantice futuro de las pensiones de los ciudadanos catalanes, haya o no independencia -para la que dibujan diferentes escenarios futuros de compensación por parte del Estado español-.

Tema prioritario para el PNV

En cualquier caso, los negociadores catalanes no han priorizado esta competencia recogida en el Estatuto de Autonomía de Cataluña en sus negociaciones con el PSOE, algo que parece que sí harán los nacionalistas vascos que han decretado silencio absoluto sobre el estado de las conversaciones, pero apuntan al Estatuto de Gernika como guía para sus demandas. El grupo parlamentario encabezado por Aitor Esteban cuenta con cinco miembros resultará clave para investir a Pedro Sánchez, aunque ahora con su abstención sería suficiente -al tener los siete apoyos de Junts- es preciso que los socialistas cuenten con el beneplácito del PNV para sacar adelante leyes y poder levantar los vetos que imponga el PP en el Senado.

No sería raro que el PSOE diera su brazo a torcer con esta cuestión, dado que el Gobierno que está ahora en funciones ya pactó un calendario para estudiar el traspaso del régimen económico de la Seguridad Social en el año 2020. En Moncloa dan el compromiso por cumplido con la transferencia de la gestión del Ingreso Mínimo Vital (IMV), pero en Bilbao tienen una percepción diferente, de modo que los propios sindicatos admitieron su preocupación por que esta paso se pudiera dar de forma 'exprés' y de espaldas al diálogo social. 

Las dudas son lícitas, ya que a nivel normativo la transferencia de esta competencia plantea diferentes incógnitas. "Estas disposiciones [de los estatutos de autonomía] no han sido desarrolladas ni aplicadas hasta la fecha, y han generado controversia jurídica y política sobre su constitucionalidad y viabilidad" admite el profesor de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la Univesitat Jaume I, Francisco Trujillo y el docente del mismo área en la Universitat de València, Daniel Toscani en respuesta a las preguntas de este medio. "La transferencia económica de la Seguridad Social podría ser considerada inconstitucional si no se cumplen las condiciones establecidas por el Tribunal Constitucional" valoran los expertos tras revisar las tres sentencias emitidas al respecto en 2019, 2021 y 2023. 

Partiendo de esta base, la transferencia de esta competencia de gestión sería posible siempre que se respeten los principios de unidad y solidaridad del sistema y que se establezcan los mecanismo de coordinación y cooperación adecuados entre el Estado y las comunidades autónomas. No obstante, las regiones no podrían redactar leyes dado que la titularidad de los recursos de la Seguridad Social corresponde al Estado. "El ministro José Luis Escrivá se escudó en estas sentencias para asegurar que no era posible transferir la Seguridad Social como tal, pero también reconoció que había margen para avanzar en la gestión de algunas prestaciones, como las pensiones no contributivas o la renta mínima de inserción. Son dos cuestiones diferentes" señalan.

No podrían romper la caja única de las pensiones

Es decir, tanto Cataluña como el País Vasco podrían asumir esta competencia pero no romper la caja única de la seguridad social dentro del marco constitucional. "Las comunidades autónomas que asumieran la gestión económica de la Seguridad Social tendrían que respetar la caja única y la solidaridad interterritorial, lo que significa que no podrían disponer libremente de los fondos recaudados por las cotizaciones sociales, ni alterar las condiciones y los requisitos de acceso a las prestaciones" concluyen. 

De forma que el papel de las regiones pasaría a ser el de tramitar y abonar prestaciones, gestionar el personal y los medios personales, así como colaborar con el Estado en la coordinación del sistema. "Obviamente no se pueden generar 17 cajas. Pero eso no implica que no puedan recaudar y pagar las comunidades autónomas. Pueden cobrar y mandarlo a la caja única' Es absurdo que no se pueda cumplir un texto legal que no ha sido declarado inconstitucional" reconocen a este medio. 

Noelia Casado

Periodista y politóloga por la URJC. Máster en Derecho Parlamentario, Elecciones y Estudios Legislativos. He pasado por las redacciones de elDiario.es y Europa Press antes de llegar a La Información, donde sigo la actualidad laboral.

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