Semana clave en las negociaciones

El Gobierno se da hasta el domingo para iniciar la redacción del decretazo laboral

(I-D) El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño; y la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en una sesión de control en el Congreso de los Diputados, a 10 de noviembre de 2021, en Madrid, (España). Durante el pleno, el presidente del Gobierno va a informar sobre la Cumbre UE-Balcanes Occidentales celebrada el 6 de octubre y del Consejo Europeo de los días 21 y 22 de octubre de 2021. Asimismo, la entrada en vigor de la reforma del impuesto de plusvalía municipal y la propuesta del PP para suprimir de los Presupuestos Generales del Estado subidas de impuestos y cotizaciones también ocupan un espacio en esta sesión de control al Ejecutivo central. 10 NOVIEMBRE 2021;CUMBRE;CONGRESO;PLENO;SESION PLENARIA Eduardo Parra / Europa Press 10/11/2021
El Gobierno se da hasta el domingo para iniciar la redacción del decretazo laboral
Europa Press
(I-D) El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño; y la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en una sesión de control en el Congreso de los Diputados, a 10 de noviembre de 2021, en Madrid, (España). Durante el pleno, el presidente del Gobierno va a informar sobre la Cumbre UE-Balcanes Occidentales celebrada el 6 de octubre y del Consejo Europeo de los días 21 y 22 de octubre de 2021. Asimismo, la entrada en vigor de la reforma del impuesto de plusvalía municipal y la propuesta del PP para suprimir de los Presupuestos Generales del Estado subidas de impuestos y cotizaciones también ocupan un espacio en esta sesión de control al Ejecutivo central. 10 NOVIEMBRE 2021;CUMBRE;CONGRESO;PLENO;SESION PLENARIA Eduardo Parra / Europa Press 10/11/2021

El Gobierno quiere acabar el año con los deberes hechos y para ello ha forzado reuniones diarias del diálogo social durante esta semana. ¿El objetivo? Conseguir cerrar un acuerdo con la patronal y los sindicatos sobre la reforma laboral antes del domingo. Según ha podido saber La Información por fuentes al tanto de las intensas negociaciones que se están produciendo estos días, esa es la fecha límite que han puesto los ministerios de Trabajo y Economía sobre la mesa como tope temporal para empezar a redactar el real decreto ley que quieren llevar al Consejo de Ministros para su convalidación, como tarde, el 28 de diciembre, su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el día 31 y su entrada en vigor el 1 de enero de 2022.

Ese es el calendario que maneja el Ejecutivo, según han informado a este medio varias fuentes del diálogo social. Un rally de fin de año para cumplir con los compromisos adquiridos con la Comisión Europea. Una carrera a toda velocidad, a pesar de que las autoridades comunitarias han admitido que los plazos establecidos en el Plan de Recuperación son indicativos. Pero, para el Gobierno, el deadline del 31 de diciembre es inamovible. Tener aprobada la reforma laboral en esa fecha no solo permitiría a España solicitar un nuevo tramo de fondos europeos de 12.000 millones de euros, sino que supondría un chute de cierre de año muy importante para la coalición del PSOE y Unidas Podemos. Y, particularmente, para la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, de cara al lanzamiento definitivo de su proyecto político propio.

Según se ha trasladado a la mesa de dialogo social, la formula jurídica elegida para la puesta en marcha de la reforma laboral es el real decreto ley. No hay tiempo para otra. De este modo, el escenario ideal sería cerrar un acuerdo tripartito antes del domingo para empezar a redactar el texto legal que debe pasar previamente por la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (CDGAE) y por la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios (CGSESS) antes de aterrizar en el Consejo de Ministros. Este último hito debería producirse, como tarde, el día 28, para su publicación en el BOE, a mas tardar, el 31 de diciembre. Antes de comer las uvas la norma tiene que haber visto la luz para su entrada en pleno vigor el 1 de enero, si bien está por ver la vacatio legis que pueda habilitarse para algunos contenidos concretos de la norma, previsiblemente, los más complejos para la adaptación de las empresas al nuevo marco jurídico.

Pero antes, el Gobierno quiere cerrar el contenido de la norma con acuerdo tripartito con los sindicatos y la patronal. Y en la consecución de esa meta van a centrar todos sus esfuerzos durante esta semana, con reuniones cada día para intentar acercar posturas en los asuntos atascados, como las recetas para reducir la temporalidad o el nuevo mecanismo de flexibilidad interna para las empresas. En paralelo, tienen que cerrar el paquete para la modernización de la negociación colectiva. Fuentes de las negociaciones admiten avances en algunas materias e incluso partes que ya estarían prácticamente cerradas, a falta de concretar algunos flecos, si bien todavía se muestran prudentes sobre el cierre de un eventual pacto a tres bandas. "Partido a partido", comentan, en argot futbolero, en referencia al transcurso de las citas a lo largo de esta intensa semana de debate en el que de van a involucrar actores negociadores al mas alto nivel, tanto por parte del Gobierno como del lado de las organizaciones sindicales y empresariales.

El plazo es ajustado. Con las negociaciones en marcha desde el pasado mes de marzo, el Gobierno quiere cerrar ya esta reforma clave del Plan de Recuperación, que, como decimos, se aprobará sí o sí antes de finalizar el año. Una vez dadas por concluidas las negociaciones en la mesa de diálogo social, los técnicos de los ministerios implicados empezarán a redactar el contenido del texto legal a partir del próximo fin de semana. El fondo es jurídicamente complejo, pero también la forma. El Gobierno ha optado por la vía del real decreto ley, lo que suscita ciertas dudas jurídicas sobre la exposición de motivos que justificarían la urgente necesidad, más allá del cumplimiento de los plazos pactados con Bruselas. El ruido por un posible "decretazo laboral" de fin de año que no contaría con el aval del poder legislativo empieza a cundir entre la oposición.

El ruido por un "decretazo laboral" de fin de año cunde entre la oposición.

Y aquí el Gobierno se enfrenta a otro problema. El reglamento del Plan de Recuperación establece que la Comisión suspenderá los pagos si comprueba que un Estado miembro revoca medidas relacionadas con hitos y objetivos cumplidos anteriormente. Es decir, que si el Consejo de Ministros opta por dar luz verde a una norma por la vía del real decreto ley para cumplir los plazos establecidos y los grupos parlamentarios solicitan su tramitación como proyecto de ley -este es, previsiblemente, el escenario más probable para la contrarreforma laboral- en el caso de que se introduzcan modificaciones relevantes en el contenido a posteriori, las autoridades europeas cancelarán las transferencias de dinero en curso. Esto no es baladí, pues están en juego 12.000 millones de euros, el mayor de los tramos de ayudas del Next Generation para España.

El Gobierno, con todo, confía en alcanzar un acuerdo tripartito. En los últimos días -especialmente después de que la CEOE llevase a la mesa su primera propuesta formal- el intercambio de documentos se está intensificando considerablemente para intentar dar con la tecla que equilibre la propuesta en la justa medida para que tanto la patronal como los sindicatos puedan dar el sí a una reforma que debe alinearse con las recomendaciones de la Comisión Europea. Un complejo juego de equilibrios en el que se están esforzando también a nivel interno todos los ministerios implicados, especialmente Trabajo y Asuntos Económicos. La prioridad en estos momentos es sacar adelante las reformas que permitan que el grifo de los fondos siga abierto para apuntalar la recuperación.

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