El Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Valladolid sostiene que la revisión de oficio planteada por la Consejería de Fomento respecto del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), objeto de manipulaciones que están siendo investigadas en vía judicial, no restituye el planeamiento a su absoluta legalidad al reconocer tan sólo un total de 44 artículos alterados, frente a los 52 que esgrimen los socialistas.

Así lo han constatado el presidente y el portavoz del Grupo, Óscar Puente y Javier Izquierdo, respectivamente, minutos después de hacer entrega hoy en el registro de la Consejería de Fomento del escrito de alegaciones que dicha formación plantea al informe técnico de revisión de oficio elaborado por la Administración regional, que, tal y como ha explicado el segundo de ellos, se queda corto en el dictamen sobre el conjunto de artículos manipulados que no se corresponden con los aprobados en el pleno de julio de 2003 y los publicados en septiembre del mismo año en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP).

"Ellos dicen que hay 44 artículos y nosotros que 52, por lo cual solicitamos que se restituya la legalidad en otros ocho", ha explicado Izquierdo, quien, en declaraciones recogidas por Europa Press, ha añadido que de los contemplados por la Junta como manipulados, en 22 de ellos los socialistas se muestran conformes con las correcciones ahora realizadas pero no ocurre lo mismo con los otros 22.

Pero además, el portavoz socialista apunta que en el caso de otros seis artículos se observa un incumplimiento de la orden aprobada por la Consejería de Fomento en febrero de 2003, algunos de los cuales tienen que ver con la posibilidad de construir viviendas unifamiliares en suelo rústico, "algo totalmente prohibido en las Directrices de Ordenación de Valladolid y su Entorno (Dotvaent) y que, a pesar de la prescripción del consejero, fue incumplido por el Ayuntamiento".

A mayores, los socialistas, en el trámite de audiencia abierto ahora, hacen referencia a una serie de planos con alteraciones que han sido reconocidas en el informe de revisión de oficio de la Junta y para las que se proponen correcciones con las que, en líneas generales, se muestra conforme el grupo liderado por Puente.

Con un retraso de seis años

Su portavoz municipal, Javier Izquierdo, ha recordado que ya hace seis años los socialistas, una vez descubierta la alteración del PGOU, advirtieron de la necesidad de restituir la legalidad no mediante una "corrección de errores", la que realizaron el alcalde y su equipo "en un intento por encubrir aquella manipulación", sino a través de una revisión de oficio, la que ahora acomete la Junta como consecuencia de las sentencias dictadas por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León y el Tribunal Supremo en 2011 y 2014, respectivamente.

"En definitiva, hacemos alegaciones a algo que tenía que haberse resuelto ya hace seis años mediante una revisión de oficio y que nos habría evitado este rosario de sentencia judiciales vergonzosas para el Ayuntamiento y la Junta de Castilla y León, que en lugar de ser los primeros en buscar a los responsables se encargaron de echar tierra para tapar esa manipulación grosera", ha lamentado Izquierdo.

Fruto de lo ocurrido, el edil socialista recuerda que hoy se encuentran imputadas doce personas físicas y cuatro jurídicas, entre las primeras un exedil, varios altos funcionarios municipales y empresarios del sector inmobiliario de la ciudad "en el que es el mayor escándalo urbanístico registrado en Valladolid y, probablemente, en Castilla y León" y cuyo banquillo podría ocupar incluso el mismo alcalde, en el supuesto de que prosperen los recursos de la Fiscalía y de la acusación popular ejercida por la Federación de Asociaciones Vecinales.