Eduardo Manuel Lora, empresario de la Sierra Norte de Sevilla que fue administrador "de hecho" de la empresa SAT Virgen del Espino, ha declarado este martes como imputado en el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares y ha asegurado que el exconsejero de Empleo y actual diputado del PSOE en el Congreso José Antonio Viera "prometió" una ayuda de 600.000 euros para la empresa.

La juez Mercedes Alaya ha tomado declaración a Lora porque entiende que "habría participado directamente en la concesión de determinadas ayudas", ya que como administrador "de hecho" de la empresa Virgen del Espino "ejercitaría el control de esta sociedad utilizándola para que adquiriera los fondos públicos, aprovechándose presuntamente de las relaciones y tratos de favor que mantendría con los responsables públicos investigados, con objeto de conseguir resoluciones a favor de la citada sociedad".

Lora, a quien la instructora ha imputado tres presuntos delitos de malversación, prevaricación y tráfico de influencias, ha asegurado que Viera "fue a la empresa y prometió una ayuda de 600.000 euros", precisando el empresario, que posteriormente, "llegó una ayuda" por dicho importe.

Al término de su comparecencia, se ha celebrado una comparecencia de medidas cautelares en la que la Fiscalía Anticorrupción ha solicitado que se le imponga una fianza de responsabilidad civil de 1,5 millones de euros.

También ha comparecido este martes ante la magistrada el "tándem" de empresarios de la Sierra Norte de Sevilla formado por José Enrique Rosendo y José María Sayago, quienes se han acogido a su derecho constitucional a no declarar después de que la instructora les haya imputado los mismos tres delitos de malversación de fondos públicos, prevaricación y tráfico de influencias.

La juez ha imputado a ambos los mismos hechos derivados de las ayudas recibidas por su "entramado societario", cifradas por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en 34,2 millones de euros.

El Ministerio Público ha pedido una fianza civil para cada uno de ellos de 25,7 millones de euros y que se les imponga la obligación de comparecer en el Juzgados los días 7 y 21 de cada mes, petición a la que se ha adherido la acusación que ejerce la Junta de Andalucía.

La juez espera concluir la investigación del caso "en breve plazo"

De otro lado, la juez ha notificado este martes a las partes personadas un auto, consultado por Europa Press, en el que asegura que espera concluir la investigación de la causa "en breve plazo", rechaza dividir la causa en piezas separadas y también se opone a suspender las declaraciones de la Sierra Norte y de los exdirectores generales de Presupuestos Buenaventura Aguilera y Antonio Vicente Lozano, previstas para el día 12 de mayo.

La Fiscalía pidió suspender todas estas declaraciones al entender que se deben formar piezas separadas y elevarlas al Tribunal Supremo al verse afectadas personas aforadas, pero la juez recuerda el auto de 3 de abril en el que rechazó la petición de la Fiscalía para que abriera una pieza separada por cada una de las ayudas investigadas.

En el auto, la magistrada destaca "la importancia en el momento actual de mantener la continencia de la causa, sin perjuicio de lo que resulte una vez concluidas las diligencias que necesita esta instructora para dar por concluida la investigación, lo cual se estima en breve plazo".

Añade que, "habiéndose presentado por el Ministerio Fiscal recurso de apelación" contra este auto, "no teniendo carácter suspensivo al ser en un solo efecto, de conformidad con los argumentos expuestos en la resolución recurrida, procede denegar la formación de la pieza y por ende la suspensión de las declaraciones".