El subdelegado del Gobierno en Huelva, Enrique Pérez Viguera, ha asegurado este miércoles que la Policía está "en alerta" tras conocerse el caso de la menor de 11 años, que fue víctima de abusos sexuales por parte de su tío político el cual fue condenado a dos años de prisión en 2012 por estos hechos y que está en libertad y vive frente a la menor en la barriada del Torrejón.

En declaraciones a los periodistas en la Diputación, tras participar en un acto por el Día del Libro, y preguntado por este asunto, ha señalado que "no ha habido ninguna petición de mayor protección", pero ha asegurado que ha mostrado su preocupación por este asunto porque "no es de recibo que se encuentre tan cerca el agresor de la víctima".

Pérez Viguera ha puntualizado que esta situación "no es muy habitual pero la coincidencia de proximidad de las viviendas hace complicado cumplir esta orden de alejamiento".

No obstante, ha destacado que la abogada de la familia, María Teresa Largo, va a solicitar de nuevo el ingreso en prisión o el alejamiento de este hombre.

Por su parte, la familia de la menor ha pedido la entrada en prisión de este individuo porque "hay días que la niña está jugando en la acera y él pasa por su lado". En declaraciones a Europa Press, un familiar ha lamentado que éste "vea a la niña a todas horas porque incumple la prohibición de salir de su casa", a lo que ha añadido que "este hombre ha vuelto a delinquir con otra niña y quebrantado la orden de alejamiento". Por ello, la familia espera que "pronto entre en prisión porque esta situación es horrible".

J.V.C. fue condenado en 2012 a dos años de prisión por abusar de esta menor que entonces tenía ocho años y a libertad vigilada durante los seis años siguientes al cumplimiento de la pena de prisión, pero continúa viviendo frente al domicilio de su víctima.

Por otro lado, en declaraciones a los periodistas la letrada de la familia ha explicado que este hombre "debería entrar en prisión, pese a que esta primera pena no lo obligaba a entrar en la cárcel porque en los últimos meses ha acumulado otras penas por quebrantamiento de la orden de alejamiento impuesta".

Largo ha pedido su ingreso en prisión porque cuando dos juzgados de lo Penal dictan estas órdenes de quebrantamientos "ya sí tenía una condena firme, la de abusos", pero el problema radica, según explica, en que "el Penal tiene que ejecutarlo y no lo hace por colapso porque lleva retraso".

Por último, ha remarcado que "el problema es muy sangrante y la madre de la menor ha acudido a todos los sitios para pedir ayuda, no lleva una familia normal y no tiene medios para salir de la vivienda y teóricamente debería irse el agresor".