Aunque existía la posibilidad de recurrir la sentencia del Juzgado de lo Penal número 2 en apelación ante la Audiencia Provincial, la acusación pública ha optado por no hacer uso de dicho recurso, y ello a pesar de que durante el proceso mantuvo invariable su petición de ocho años de inhabilitación para los cinco imputados.

En concreto, la acusación se dirigía contra el actual director general de Medio Natural de la Junta de Castilla y León, José Ángel Arranz Sanz; su antecesor en el cargo y hasta fechas recientes jefe del Servicio Territorial de Medio Ambiente de León, Mariano Torre Antón; el actual jefe de Servicio de Espacios Naturales de la Junta de Castilla y León, José Ignacio Molina García; el entonces jefe del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Ávila, Juan Manuel Pardo Ontoria, y el jefe de la Sección de Espacios Naturales y Especies Protegidas de este último Servicio, Sabas Yagüe Bosch.

Los acusados se enfrentaban a ocho años de inhabilitación para el desempeño de empleo o cargo público por unos hechos que les imputaban haber cometidos entre 2002 y 2004, como solicitaban el Ministerio Fiscal y la acusación popular, ejercida por Centaurea y Ecologistas en Acción.

A modo de resumen, la juez de Penal 2 consideró que en el presente caso no puede afirmarse, a diferencia de lo que sostienen las acusaciones, que lo informado por los funcionarios públicos acusados, "que no acordado, pues no toman ningún acuerdo, ni dictan ninguna resolución u orden, no pueda encontrar ningún apoyo en una interpretación mínimamente razonable de la norma (urbanística y medioambiental estatal y autonómica ), o que carezca de la mínima justificación, ni que la opción elegida resultaba absolutamente rechazable desde el punto de vista técnico y jurídico, desde cualquiera de las opciones interpretativas y aplicativas razonables, y, por tanto, que su actuación sea arbitraria".

A los imputados se les atribuían informes falsos para conseguir la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) positiva para el proyecto urbanístico que se iba a desarrollar en Las Navas del Marqués (Ávila), a pesar de que afectaba a zonas con algún tipo de protección, como un 'Área Crítica' de la Cigüeña Negra, todo ello con el fin de construir una urbanización con 1.600 viviendas, campos de golf y zona hotelera.

Sin embargo, los absueltos negaron irregularidades o haber recibido presiones para elaborar o corroborar los informes técnicos y medioambientales que supusieron la DIA favorable y sólo uno de ellos, Sabas Yagüe, reconoció errores en algunos de sus informes que después corrigió en los demás, pero rechazó haberlos modificado por orden de sus superiores.

A lo largo de las cuatro sesiones que se prolongó el juicio, celebrado en la primera semana de marzo, declararon diversos técnicos, miembros de la ponencia técnica de Evaluación Ambiental que tenía que analizar los informes para proponer la DIA, así como varios peritos por parte de la acusación y de las defensas.

Así, entre otros testimonios, la secretaria técnica de la citada ponencia, Amaya P.L, aseguró que el proyecto cumplía "todos los requisitos" medioambientales, aunque generó observaciones de tipo jurídico en el órgano en el que participaba, precisamente por el hecho de que "tocaba" el Área Crítica de la Cigüeña Negra.

Por su parte, varios técnicos, además de descartar la presencia de nidos de estas aves en la zona, calificaron de "moderado" el impacto que el proyecto urbanístico iba a tener en la zona, lo que suponía que se pudiera desarrollar, aunque con las medidas correctoras propuestas.

La cigüeña negra

Otra de las sesiones del juicio sirvió para contraponer los informes periciales de la defensa, que consideraba la afección de la Ciudad del Golf no era significativa por la escasa presencia de la Cigüeña Negra en la zona; y de la acusación popular, cuyos peritos llegaron a afirmar que la Junta "camufló" el impacto con cosas "un poco discutibles desde el punto de vista científico" y que sí era una zona donde potencialmente podía nidificar esta especie.

El caso de la 'Ciudad de Golf' dio lugar a cuatro piezas, dos de las cuales fueron archivadas, ésta que se ha visto en Valladolid y una cuarta que en 2012 derivó en un juicio celebrado en la Audiencia Provincial de Ávila y que concluyó con la absolución de los tres imputados, el alcalde y el secretario de Las Navas del Marqués (Ávila), Gerardo Pérez y Carlos de la Vega, respectivamente, y el constructor murciano Francisco Gómez 'El Paloma', a quienes se imputaba también un delito de prevaricación, pese a la petición de 12 años de inhabilitación formulada por la acusación pública.

El proyecto urbanístico, de 1.600 viviendas y dos campos de golf, no se llevó a cabo por decisión judicial, pero los ecologistas denunciaron los trámites administrativos de la creación de la sociedad pública Montes de Las Navas, integrada por Ayuntamiento, Junta y Diputación, en la adquisición a la empresa resinera Luresa y la posterior venta del terreno protegido al promotor inmobiliario.