Afectados de Mallorca por la adquisición de productos financieros tóxicos, especialmente preferentes, obligaciones subordinadas y cláusulas suelo, se han reunido en Palma con el presidente de la Asociación para la Defensa de los Perjudicados de Entidades Financieras (Apdef), Francesc García Rafanell, y con letrados de un despacho de abogados con el objetivo de iniciar acciones legales contra las entidades que les vendieron estos productos.

Según han informado en un comunicado, las letradas de Stemlegal, María Darder y Diana Díaz, encargadas de atender a los afectados de la asociación en Mallorca, han explicado que el perfil de los afectados por estos productos es el de una "persona ahorradora, generalmente mayor de 60 años, sin estudios superiores ni conocimientos bancarios y que no ha realizado inversiones de riesgo anteriormente".

Díaz también ha destacado que el despacho Stemlegal se ha unido a la Apdef porque "creemos en los mismos ideales, primando por encima de todo el ayudar a todos los perjudicados de forma solidaria.

Durante la reunión, se ha informado a los asistentes sobre los tipos de productos que adquirieron y "bajo qué condiciones", describiendo al detalle lo que significa ser poseedor de una participación preferente, un mecanismo de financiación de las entidades financieras, "sobre todo cajas", que permitieron aumentar su capital y solvencia "a costa de los pequeños ahorradores", ha indicado el presidente de la Apdef.

En cuanto a las obligaciones subordinadas, supusieron un cambio en la garantía de cobro, ya que "sitúan a su comprador en último lugar a la hora de cobrar el dinero invertido en caso de quiebra de la entidad".

En la reunión que ha tenido lugar en el Hotel Meliá Palas Atenea de Palma, los abogados encargados de la gestión de las demandas han recogido información de los asistentes para, en días posteriores, atenderlos de manera personalizada, ya que la principal premisa de la asociación es la "personalización y cercanía".

La Apdef nació en el año 2012 con el objetivo de "defender y proteger a los perjudicados por las posibles prácticas abusivas llevadas a cabo por las entidades financieras y aunar esfuerzos para que a los afectados se les devuelva su dinero invertido", ha recordado su presidente.

Además, la labor de esta sociedad consiste en conseguir su objetivo con costes muy ajustados, lo que se llama "abogacía social", ya que, dependiendo siempre del capital invertido por los perjudicados, por una cantidad que normalmente es de entre 500 y 800 euros e incluye las tasas judiciales, reclamación extrajudicial, poderes procurador y letrado. En la gran mayoría de procedimientos además es el banco quien tiene que acabar pagando las costas judiciales, con las ventajas que ello conlleva para los asociados.

La asociación cuenta con cerca de 34 bufetes asociados por toda España, casi 2.200 socios con más de 1.300 demandas en proceso y la resolución de más de 200 casos resueltos, con un 96 de porcentaje de éxito, ya que "existe una conciencia judicial por el atropello que se ha efectuado al pequeño ahorrador", ha concluido García Rafanell.