El Gobierno regional pondrá en marcha este año un Plan de Lucha contra el Fraude Fiscal, que ya ha pasado una primera fase inicial y cuyas líneas generales han sido aprobadas por el Consejo Rector de la Agencia Cántabra de la Administración Tributaria (ACAT).

La estimación de la cuantía que se espera recaudar aún se está cerrando por parte de la ACAT, pero se dará a conocer la próxima semana, según ha anunciado este miércoles la consejera de Economía, Hacienda y Empleo, Cristina Mazas (PP), en una comparecencia en el Parlamento a petición del Grupo Regionalista para informar sobre la reforma fiscal del Ejecutivo cántabro.

Mazas ha dicho que el Gobierno autonómico considera "responsable, oportuno y eficaz" diseñar y ejecutar un Plan de Lucha contra el Fraude Fiscal porque "la sociedad lo está demandado", y ha explicado que el mismo, en colaboración con la Agencia Tributaria, se ocupará de la comprobación e investigación del fraude fiscal (actividades tanto de inspección como de gestión), control del fraude en la fase recaudatoria y otras actuaciones de control en omisiones e incumplimientos de obligaciones tributarias.

Por lo que se refiere al primer bloque, se comprobarán las declaraciones y se investigarán hechos imponibles no declarados con el objetivo de regularizarlos. Se actuará sobre los impuestos de Patrimonio, Sucesiones y Donaciones, Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, sobre la tributación del juego y sobre los tributos propios.

En cuanto al control del fraude en la fase recaudatoria, pretende el cobro de los casos detectados en la anterior y entre otras medidas incluye el seguimiento de quienes incumplen sistemáticamente sus obligaciones fiscales. Y dentro de otras líneas de actuación, se promoverán actuaciones de comprobación de domicilios fiscales, se aplicarán nuevas formas de gestión, se implantará la administración electrónica tributaria, y se incrementará la colaboración con otras administraciones tributarias en las tareas de inspección.

Este nuevo plan ha sido criticado por la oposición regionalista y socialista. Así, para la diputada del PRC, Alodia Blanco, con él se pretende "desviar la atención" sobre una reforma fiscal que su grupo "sospecha" que incluirá "nuevos y más duros recortes y subidas de impuestos".

Además, ha afirmado que con esta medida se "radiografía a los declarantes" mientras se ofrece una "amnistía fiscal" a los que defraudan al fisco. "Se persigue a los contribuyentes y se deja impunes a los que están defraudando, que además son lo que mayor capacidad económica tienen", ha denunciado.

Por su parte, la diputada socialista, Rosa Eva Díaz Tezanos, ha acusado al PP de haber "engañado y mentido" a los ciudadanos, a los que en campaña electoral prometió que no subiría los impuestos pero que ha instaurado "una de las mayores subidas de toda la democracia", además de que "ha perdonado a los que defraudan".

Reforma fiscal

En cuanto al tema objeto de la comparecencia, la consejera ha puntualizado que el Gobierno no llevará a cabo una reforma fiscal a corto plazo, que implica "medidas más rigurosas", sino que se trata de medidas fiscales adoptadas en el contexto del Plan de Sostenibilidad de los Recursos Públicos motivado por un déficit público "insoportable" porque "sin las cuentas saneadas poco o nada puede hacer un Ejecutivo".

Tras señalar que las medidas fiscales son parte de una ley que se presentará en el Parlamento, ha insistido en que la situación de Cantabria es "extremadamente delicada" porque los ingresos continúan cayendo y el gasto aumenta, poniendo en "peligro" el Estado de Bienestar, lo que ha llevado al Gobierno a tomar una decisión "dura pero tremendamente necesaria" de aumentar los ingresos con unas medidas que confía sean "las menos lesivas" para los cántabros y que supondrán recaudar cuatro euros más por ciudadano.

En este sentido, Mazas ha afirmado que es "muy difícil de aceptar para mí" una subida de impuestos, que "siempre tiene un coste", aunque se haya pretendido que sea "donde menos incidencia" provoca. "Reconozco que no me gusta y espero que tengamos ocasión de bajar los impuestos pero es una medida necesaria que se construye sobre un engaño: la situación es muchísimo peor de lo que esperaba", ha dicho.

Estas medidas, con las que se pretende llegar a los 30 millones vía ingresos, son el impuesto sobre carburantes, que supondrá "menos de cuatro euros" por cántabro al mes; la subida del canon de saneamiento, con el que se recaudará "menos de un euro" por cántabro al mes; y el incremento de los precios públicos de enseñanzas especiales (Conservatorio y Escuela Oficial de Idiomas), que supondrá menos de dos euros más al mes. En cuanto a la tasa de basuras, Mazas ha afirmado que este año la asumirán los ayuntamientos por lo que "no afectará" a los vecinos.

Sin embargo, Alodia Blanco ha mostrado su "preocupación" por la implantación de impuestos que recaudan "de forma indiscriminada", que "gravan por igual a los que ganan diferente". Aquí ha incidido en el "mal llamado céntimo sanitario" y el "efecto frontera" que puede tener con el País Vasco, donde las gasolineras limítrofes estiman unas pérdidas del 40%; un "sacrificio de dudosa legalidad" pues está a la espera el dictamen del Tribunal de Luxemburgo, que afectará especialmente a las economías "más modestas", y que recaudará menos que el Impuesto de Sucesiones que el PP ha eliminado.

Además, la regionalista sospecha que el Gobierno regional llevará a cabo nuevos recortes y subidas de impuestos derivados de los 400 millones que "se van a tener que recortar este año", y pese a que todavía no se conoce "cómo van a influir" las medidas de recorte de 10.000 millones en sanidad y educación anunciadas por el Gobierno de Mariano Rajoy. Ha calificado de "varapalo" la reducción del 30% en los ingresos del Estado para Cantabria, con unos presupuestos en los que la comunidad ha salido "especialmente perjudicada" y que los 'populares' no han reclamado, como tampoco la deuda del Estado con Cantabria, que supondría una inyección de 100 millones a la región.

Mientras, Díaz Tezanos ha calificado la reforma fiscal de "contrarreforma", "inoportuna e infraccionista", y ha denunciado la eliminación de la progresividad fiscal "beneficiando a unos pocos y perjudicando a los que están pagando la crisis". Ha hablado de "medidas inexistentes" porque en dos meses la reforma fiscal aún no ha llegado al Parlamento, y ha considerado que el Gobierno deberá ajustar el Presupuesto de Cantabria con una nueva enmienda a la totalidad para hacer frente al "brutal recorte" de 10.000 millones.

Según la socialista, detrás de estas medidas "y de las que vendrán en el futuro más inmediato" está la "carga ideológica del PP, cuyo objetivo es desmantelar el Estado de Bienestar". "Han incumplido todo lo que han prometido y llevan a más recesión y más paro. Con este rumbo se condena a Cantabria a bajarse del tren del progreso y la modernidad", ha sentenciado.

Mazas ha replicado denunciado la "gran hipocresía" de regionalistas y socialistas porque todo lo que denuncian, o lo ha hecho igual el anterior Gobierno regional PRC-PSOE o figuraba en su plan de reequilibrio, ha asegurado, rebatiendo de este modo cada uno de los argumentos de la oposición. Ha reconocido que al Gobierno regional le gustaría haber recibido "más dinero" de los PGE y ha asegurado que su "tarea es reivindicar ante el Gobierno de la Nación". También ha pedido "comprensión a los ciudadanos", como hizo el PSOE con los recortes de 2010.

Por su parte, el diputado 'popular' Carlos Albalá ha subrayado que el Plan de Sostenibilidad "no es una causa sino una consecuencia" de las "decisiones erróneas" del anterior Gobierno PRC-PSOE y de la "alegría" con que gobernó José Luis Rodríguez Zapatero, así como que si no se adoptan medidas "Cantabria se convertirá en una comunidad insostenible".