Condenan al Sermas por dejarse una gasa olvidada en el abdomen de una mujer tras una operación

  • Deberá pagar 32.586 euros a la paciente.
  • Tuvo que ser sometida a dos operaciones más debido al olvido.
Cirujanos en un quirófano.
Cirujanos en un quirófano.
GTRES
Cirujanos en un quirófano.

La Sección Décima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha dictado sentencia por la que condena al Servicio Madrileño de Salud (Sermas) al pago de una indemnización de 32.586 euros por olvidar una gasa en la cavidad abdominal tras intervención para extracción de mioma en el Hospital de Móstoles.

La paciente, de 43 años de edad, fue intervenida el 21 de febrero de 2008 por presentar una tumoración miomatosa de carácter benigno en el Hospital de Móstoles. En esa operación quirúrgica los facultativos se dejaron olvidado material quirúrgico en la grasa perivisceral que pasó completamente inadvertido, dando por concluida la operación.

A los 10 días del postoperatorio, fue reintervenida por el Servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital de Móstoles por detectar, a través de una TAC, un cuerpo extraño olvidado en la intervención previa (se trataba de una gasa y se da la circunstancia de que en el recuento del material quirúrgico se había hecho constar la falta de la misma).

Seguidamente, a consecuencia del olvido del material quirúrgico, la paciente fue sometida a dos operaciones más con el objetivo de reparar el perjuicio causado a la enferma, tal y como señala el fallo judicial.

Ante estas circunstancias el Sermas había estimado parcialmente la reclamación de la paciente para reconocerla el derecho a percibir la cantidad de 25.792 euros, pero no reconocía todos los días impeditivos ni las secuelas de colostomía por lo que la paciente, no conforme, acudió a la vía judicial.

Ahora, la sentencia, acogiendo los argumentos de Carlos Sardinero García, abogado de la Asociación 'El Defensor del Paciente', ha estimado parcialmente el recurso contencioso-administrativo y declara la responsabilidad patrimonial de la Administración Pública incrementando la cantidad hasta 32.586 euros.

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