La reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial impulsada por Gallardón y aprobada este viernes por el Gobierno ha sido calificada por jueces y secretarios judiciales como un modelo "trasnochado" con el que el ministro de Justicia "pretende militarizar la judicatura", según ha opinado el portavoz de la asociación judicial Jueces para la Democracia (JpD), Joaquim Bosch.

Este anteproyecto prevé que las instrucciones en la Audiencia Nacional sean realizadas por tres jueces en lugar de uno como hasta ahora —es decir, acaba con los jueces estrella para los grandes casos—, e introduce como aforados ante el Tribunal Supremo a la reina y a los príncipes de Asturias.

Para Bosch, la reforma ha causado un "profundo descontento" en la asociación, que considera que el Gobierno apuesta "por un nuevo sistema muy jerarquizado" y por una "estructura piramidal" permeable a "las interferencias del poder político en la independencia judicial". Además, ha agregado que la eliminación de los jueces decanos y su sustitución por la figura del presidente del tribunal de instancia, que será nombrado por el Consejo General del Poder Judicial, es una muestra de cómo se podrían producir "vinculaciones con el poder político".

En este contexto, ha señalado que la reforma "puede provocar que determinados asuntos sean asignados a jueces concretos", sobre todo cuando se trate de cuestiones "que puedan generar incomodidades al ámbito político".

Bosch también se ha referido a otra modificación anunciada, que convertirá en vinculante determinada jurisprudencia del Tribunal Supremo: "Dificultará que la jurisprudencia pueda evolucionar en función de la realidad social", ha dicho.

Además, el portavoz de JpD ha censurado que se pretenda "prohibir opinar a jueces y asociaciones judiciales": "Es una restricción del derecho de asociación y del derecho de expresión", ha valorado.

Finalmente, ha criticado que se contemple como aforados a la reina y los príncipes, ya que a su juicio lo conveniente es "tender a eliminar el aforamiento" puesto que "tenemos un Estado de derecho consolidado" con "tribunales independientes". "No tiene sentido ese trato privilegiado", ha zanjado.

Por otro lado, la Unión Progresista de Secretarios Judiciales (UPSJ) ha tildado de "trasnochada" y "decimonónica" la reforma de Ley Orgánica del Poder Judicial y ha criticado que resucita al "juez del siglo XIX", en contra de lo que defiende el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón. A su juicio, es un "brindis al sol" puesto que no se desarrollará hasta que entre en vigor la nueva Ley de Demarcación y Planta.

El portavoz de la asociación, Carlos Artal, ha denunciado que el anteproyecto arrebata competencias propias de los fedatarios públicos, como la organización de la oficina judicial, para entregárselas al juez a través de acuerdos gubernativos.

Ha mostrado su malestar por que los secretarios judiciales pasen a denominarse 'Letrados de la Administración de Justicia' ya que transmite la idea equivocada de que son "asesores jurídicos" con un carácter administrativo, frente al "resolutivo y directivo" que realmente tienen. Según dice, sería más favorable al nombre de "letrado judicial".

"En un primer examen del anteproyecto, estamos enfadados y decepcionados. Nos sentimos engañados porque no han mantenido nada de lo que se nos dijo en todas las reuniones, como es la consolidación de la tercera categoría", ha explicado Artal, que ha calificado de "horrorosa" la redacción del texto y ha reprobado que los tribunales provinciales de instancia no se incardinen con el modelo de Oficina Judicial.

En su opinión, se resucita la superior inspección de los juzgados y tribunales y se prosigue con la utilización de sistemas electrónicos "obsoletos" como Minerva. Por todo ello, ve necesario un diálogo entre las asociaciones y un pacto de Estado por la Justicia. "Se ha actuado de forma unilateral", ha concluido.