Marcha atrás del Ayuntamiento de Barcelona en la normativa referente a los locales donde se ejerce la prostitución. Si el 16 de enero debían cerrar cerca de 275 bares de alterne por no haber acatado la ordenanza municipal, ahora se propone la modificación de la normativa, permitiendo que los locales estén a 200 metros de viviendas, escuelas, hospitales e iglesias.

Los establecimientos en los que ya se ejerce la prostitución deberán solicitar una nueva licencia que se les concederá si adaptan el interior de las instalaciones a la normativa. En cambio, para los locales de alterne de nueva creación, se aplicarán los condicionantes que ya existían desde 2002: no deberán estar cerca de las viviendas, ni en subterráneos en edificios entre medianeras, ni al lado de los edificios destinados a usos protegidos, como las escuelas.

El cuarto teniente de alcalde del Ajuntament de Barcelona, Ramon García-Bragado, argumentó ayer que la normativa se modifica para «evitar que la prostitución pase a ejercerse en la calle o en pisos particulares sin ningún tipo de control». Según García-Bragado, el Ajuntament ha constatado que el polémico texto aprobado en el año 2002 «es prácticamente imposible de cumplir». Algo que, por otro lado, ya habían alegado los empresarios del sector hace seis años.

Los prostíbulos de Barcelona han tenido cuatro años para adaptarse a la ordenanza, pero de los aproximadamente 300 locales que calcula el Ajuntament que hay en la ciudad, solamente 60 trataron de ajustarse a dicha norma. Según fuentes municipales, de éstos, únicamente 25 habrían logrado la licencia pertinente. O lo que es lo mismo, 275 deberían haber cesado su actividad como prostíbulo.

Pese al nuevo redactado, cada distrito podrá adaptar los regímenes de distancias e incluso prohibir que se instalen más prostíbulos en determinadas zonas. El nuevo texto deberá ser aprobado en el Pleno de enero, por lo que se aplicaría entre marzo y abril.