El Servicio Catalán de la Salud (CatSalut) incumple con 23.825 pacientes el plazo máximo de seis meses para ser operado de alguna de las catorce operaciones quirúrgicas con un tiempo de espera en teoría garantizado, una cifra que, aunque es sensiblemente inferior al récord de 31.400 personas que se registró a finales de 2011, es más del doble de los 11.700 pacientes de 2010.

Estas catorce patologías, para las que la Generalitat estableció en el año 2002 un tiempo máximo de medio año —un decreto legislativo pionero—, nunca han llegado a cubrir toda la demanda que genera el sistema sanitario, pero a tenor de los resultados presentados este jueves en el Parlament por el consejero de Salud, Boi Ruiz, los datos se han estancado en los 23.500 pacientes que aguardaban en 2012 y los 23.800 del año pasado.

Los 23.800 pacientes, una vez superado el plazo máximo, pueden reclamar ser atendidos  con urgencia y, de hecho, el CatSalut ha logrado reducir los tiempos de los que esperaban más de un año, después de que en el último año haya aumentado un 2,6% el número de estas operaciones, hasta las 151.000.

Ruiz ha subrayado que el 70% de los 181.500 pacientes que esperan someterse a alguno de estos 14 procedimientos se operarán en menos de medio año, y ha garantizado que trabaja en la puesta en marcha de un "modelo integral" para reducir los tiempos más abultados.

Las catorce patologías con tiempo máximo garantizado en Cataluña, de más a menos espera media con datos de junio de 2013, son las prótesis de rodilla, juanetes, prótesis de cadera, amígdalas, artroscopia, circuncisión, extracción de vesícula biliar, cataratas, próstata, hernia inguinal, varices, quiste sacro, canal carpiano y extracción del útero.

Boi Ruiz ha explicado que, en total y contando además las urgencias que no llegan a estar en espera, los 63 hospitales catalanes realizaron el año pasado 376.400 operaciones quirúrgicas, un 3,3% más que el año anterior, lo que ha permitido reducir en un 3,5% el número de pacientes pendientes de intervención hasta los 181.559 —cifras que incluyen las que tienen tiempo garantizado—.

El Ministerio de Sanidad ha anunciado que prepara un real decreto para unificar los criterios de gestión de las listas de espera entre comunidades autónomas ya que, de hecho, el que data de julio de 2011 es menos garantista que el que aprobó la Generalitat en 2002. El consejero ha recordado que los pacientes entran en la lista de espera en el mismo momento que un médico considera que hay que operar, a diferencia de otras comunidades autónomas que lo hacen más tarde.

Precisamente, Metges de Catalunya (MC) ha denunciado en un comunicado que el informe de Ruiz sólo muestra "la punta del iceberg de una tragedia que no florece por la picaresca de algunas empresas sanitarias, que maquillan las esperas reales". Por eso, insta a los usuarios a pedir un certificado conforme han sido inscritos en la lista de espera oficial. El sindicato ha atribuido los aumentos de la demora a los recortes y ha pedido al Govern que "priorice urgentemente la sanidad para evitar la fallida del sistema".

En cualquier caso, para Ruiz, reducir las listas de espera requiere de un "esfuerzo suplementario para financiar la salud", una solución que ha considerado que debe partir del Estado porque se trata de una problemática común en todas las comunidades autónomas. Em su opinión, las listas de espera son el resultado de una "subfinanciación crónica histórica", y ha reivindicado que su gestión es pública y transparente, atiende a criterios clínicos, y no está sujeta a ninguna manipulación.

Los grupos políticos han coincidido en la necesidad de aumentar la financiación en sanidad para reducir las listas de espera. La diputada de ERC Alba Vergés ha recordado que están aumentado las desigualdades "en muchos niveles", también en salud, pero ha recordado que la Generalitat destina el 40% de su presupuesto a políticas sanitarias, por lo que es necesario mejorar la financiación de Cataluña.

En relación con la polémica suscitada por algunas denuncias sobre el traspaso de pacientes desde la sanidad pública a la privada, y avanzar así en las listas de espera previo pago, el conseller ha recordado que se trata de una "práctica rigurosamente prohibida" en la ley. Así, ha recomendado a los ciudadanos que si tienen constancia de esta práctica la denuncien para que Salud pueda investigarlo, ya que la imposición de sanciones a los centros requiere demostrar que realmente ha sido así.

Más allá de las listas de espera, cuya gestión ha generado quejas al Síndic de Greuges y protestas de asociaciones de usuarios de la sanidad, Boi Ruiz ha desgranado en su comparecencia semestral en el Parlament los resultados de un sistema sanitario que, desde que llegó al Govern, ha sufrido un recorte en su presupuesto del 16%, hasta quedarse en los 8.290,5 millones de euros —de 1.300 a 1.100 euros por persona y año—.

En los datos presentados por Salud, se han destacado avances en la eficiencia del sistema como la extensión del programa del paciente crónico complejo, el mayor uso de tecnologías de la información —como la atención telefónica o la receta electrónica—, el mes y medio máximo que se espera para ser operado de un tumor o de una patología cardiovascular grave, y la reducción de los reingresos hospitalarios evitables.

Asimismo, la Consejería ha asegurado que el número de reclamaciones se ha reducido un 10%, que el código ictus y el código infarto han mejorado su funcionamiento y que la concentración de recursos —como el polémico cierre de algunos ambulatorios en horario nocturno— no han supuesto un empeoramiento en los resultados de salud.