Casi un centenar de personas de la Alianza contra la Pobreza Energética (APE), integrada entre otros por la PAH, la Unión de Consumidores de Cataluña y la CONFAVB, han ocupado esta mañana de miércoles durante una hora una oficina de Endesa en Barcelona en contra del corte del suministro a familias que no pueden pagar el recibo.

Los activistas de la APE han decidido emprender esta ocupación para "denunciar los cortes de electricidad que sufren cientos de miles de hogares en Cataluña y para decir basta en la vulneración de derechos fundamentales que esta multinacional realiza sin ningún tipo de sensibilidad de forma sistemática".

Según esta plataforma, en 2012 los cortes de electricidad por falta de pago afectaron 1,4 millones de familias en España, de las que 524.000 fueron en Cataluña. Fuentes de Endesa han confirmado que unos 90 activistas han permanecido en la oficina comercial que Endesa tiene situada en la confluencia de la Gran Vía con la calle Balmes, en el centro de Barcelona, sin causar daños y que han abandonado la oficina tras proferir consignas.

La compañía ha recordado que desde hace años está establecido el denominado "bonus social", sufragado por las grandes compañías eléctricas, para ayudar a las personas necesitadas y que cumple estrictamente con el protocolo de la legislación a la hora de cortar el suministro por impago.

Además, el Parlament convalidó recientemente el decreto-ley del Govern destinado a combatir la "pobreza energética" y evitar que a las familias con escasos recursos se les pueda cortar la luz o el gas durante los meses de invierno por la falta de pago.

Pero la APE ha denunciado algunos casos de personas que no pueden pagar sus recibos y que necesitan, por ejemplo, dormir conectados a un respirador o guardar la insulina para su diabetes en la nevera. Han explicado el caso de José, a quien le han cortado ya el suministro de gas, debe cinco recibos de luz, tiene una hija diabética y teme por un inminente corte.

Según ha explicado una portavoz de la APE, han solicitado que Endesa nombre a un interlocutor y aplique una moratoria a los cortes de suministro por falta de pago a las familias que no pueden satisfacer los recibos.

"Lo que pedimos es que Endesa aplique el principio de precaución y se asegure antes de cortar el suministro que la familia puede pagar y que, si se trata de una familia sin recursos, asuma ella los costes", ha señalado la portavoz.

La APE pide una coordinación entre Endesa y los servicios sociales municipales, para que comuniquen quienes son las personas que no pueden pagar la luz o el gas.

Denuncia también que en España hay 7 millones de personas que padecen una pobreza energética, mientras crecen los beneficios de las empresas porque desde 2003 ha subido un 83 % el precio de la electricidad.

"Endesa no ha mostrado ningún interés en facilitar que las familias que no podían asumir los recibos pudieran acogerse a la tregua invernal, y ha sido la única distribuidora que se ha mostrado inaccesible a las demandas de la ciudadanía", han añadido.