La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, aprovechó este miércoles la apertura oficial del curso escolar 2007-2008 para animar a todos los centros escolares públicos de la región a implantar el uso del uniforme entre el alumnos si así lo "quieren sus consejos escolares".

Aguirre lanzó la sugerencia del uniforme en uno de los aproximadamente 30 colegios públicos de la comunidad que ya tienen implantada esta práctica, el 'Profesor Tierno Galván' de Alcobendas, donde la presidenta anunció que, desde este mismo año, los alumnos de Tercero de ESO (chicos de 14 y 15 años) se someterán a una prueba de conocimientos básicos, a imagen de la que desde hace dos años ya se realiza en Sexto de Primaria.

Antes que ella, había tomado la palabra la directora del centro 'Profesor Tierno Galván' de Alcobendas, Carmen Gutiérrez, quien hizo un decidido alegato a favor del uso del uniforme, como método para "minimizar diferencias y disolver tensiones" y hacer que los niños "se sientan iguales y parte de un proyecto común", así como de los valores del "esfuerzo, exigencia y preparación".

Los sindicatos, indiferentes

Por su parte, las organizaciones sindicales han acogido con indiferencia, en general, la sugerencia de Aguirre en cuanto a los uniformes. Desde ANPE Madrid, la secretaria de Comunicación, Rosalía Aller, aseguró no estar "ni a favor ni en contra", pero exigió que, en todo caso, una medida así no venga nunca "impuesta".

De la misma opinión es el portavoz de Educación de UGT-Madrid, José Mata, quien no ve "ni ventajas ni inconvenientes" al uso del uniforme en los centros públicos, aunque se muestra partidario de que en este ámbito haya consenso de la comunidad educativa. "No creo que marque conciencias ni le veo mayor trascendencia excepto si se quiere hacer de ello un arma política", advirtió.

El más crítico fue Francisco García, de CC.OO., para el que implantar uniformes "no añade nada nuevo" a la educación en la Comunidad de Madrid ni "resuelve ninguno de sus problemas". En cualquier caso, se trata de una medida que para ser implantada tiene que ser previamente aprobada por el Consejo Escolar de cada centro, órgano donde están representados los profesores, los alumnos y los padres de estos últimos.