Más de 100 inmigrantes han entrado a primeras horas de este lunes a Melilla en un salto a la doble valla que separa la ciudad española de Marruecos, según han informado a Europa Press fuentes policiales. La avalancha se ha caracterizado por "la especial violencia" que han mostrado los subsaharianos, según la citada fuente, que añade que lo han intentado "en torno a medio millar".

El intento de entrada masiva se ha producido entre el Río Nano y la Vaguada de Linares poco antes de las 09.00 horas cuando unos 500 subsaharianos, "provistos de palos y piedras", se abalanzaron sobre la alambrada, intentando superar primero a las fuerzas de seguridad marroquíes y posteriormente la doble valla de seis metros de altura cada una y a la acción de la Guardia Civil.

De esos 500, unos 100 lo han logrado aunque esta cifra podría ser mucho mayor porque ya la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) en Melilla eleva esa cifra a 200. La AUGC también ha denunciado la especial violencia de los subsaharianos que han hecho este intento, "más agresivos" que en otros saltos, ha admitido.

Tal fue la virulencia de esta incidencia en el perímetro fronterizo que separa Melilla de Marruecos que miembros de las Fuerzas Auxiliares de Marruecos tuvieron que refugiarse en el espacio intermedio entre las dos vallas y auxiliados por la Guardia Civil, frente a los inmigrantes "que usaron piedras y palos para querer entrar".

De momento se desconoce si hay heridos entre las fuerzas de seguridad españolas y marroquíes y entre los propios inmigrantes pero la violencia que comentan las fuentes policiales a las que ha tenido acceso Europa Press, hace que no se descarte la presencia de heridos en esta avalancha.

Los inmigrantes que han logrado pasar se han dirigido al Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) a la carrera, donde ya aguardaba una ambulancia, y de ahí se dirigirán a la Comisaría para la apertura del expediente de expulsión en aplicación de la Ley de Extranjería. Un papel que les servirá para poder ser acogidos en el CETI —donde tendrán derecho a manutención, alojamiento y sanidad— hasta que se tramiten sus expedientes, que en la mayoría de los casos no pueden ser finalizados con la expulsión porque los países a los que dicen pertenecer no les reconocen como nacionales propios.

Tras una espera media de seis meses, son trasladados a la Península e internados en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) durante 60 días, y si no se puede materializar su repatriación, quedan libres, en una situación alegal, permaneciendo en España o yendo a otros países de la Unión Europea.