La Diputación de Palencia destinará 16.430.695 euros al área de Servicios Sociales en 2014, un tres por ciento más que en el ejercicio del año anterior, lo que supone un 25,6 por ciento del Presupuesto de la Institución.

Así lo ha explicado el presidente de la Diputación, José María Hernández y el diputado de Servicios Sociales, Jesús Tapia, a los trabajadores de once Centros de Acción Social (Ceas) durante la reunión que han mantenido para acercarles, entre otras cosas, las líneas de actuación de la Institución en esta materia para el curso 2014.

El presupuesto destinado al área de los Servicios Sociales se distribuye en cuatro secciones: Residencia de Mayores; Escuela Universitaria de Enfermería; Atención a Enfermos Mentales y, por último, Acción Social.

Además, según ha recordado la Diputación, existen otras medidas que "ayudan a entender" la apuesta por las personas del medio rural y por su bienestar social en este ámbito. Así, la ayuda a domicilio crece en 122.135 euros, hasta alcanzar los 4.530.240; los programas de Acción Social aumentan en 485.886 euros, un 5,46 por ciento con respecto al 2013, y el Plan de Mejora de las Oficinas de los Ceas aumenta un 42,22 por ciento

Asimismo, durante el encuentro se ha tratado el nuevo reglamento de prestaciones económicas de urgencia social y el Plan de Acción 2013-2015, según han informado a Europa Press fuentes de la Diputación palentina.

Esta reunión se ha celebrado con el objetivo de mantenerles informados "en todo momento" de aquello que directa o indirectamente tiene que ver con la labor social que ejercitan en los pueblos de la provincia y poder así "mejorar" en el servicio que prestan en la provincia.

Reglamento de prestaciones

El Reglamento de Prestaciones económicas de Urgencia social tiene objetivo atender las necesidades básicas de subsistencia en situaciones de urgencia social en los municipios de la provincia de Palencia, de las personas que no pueden hacer frente a gastos específicos, considerados necesarios para prevenir.

Además, la medida tratar de evitar o paliar situaciones de exclusión social y que no pueden ser sufragados por sus medios, ni desde otros recursos sociales.

Lo "más relevante" de la nueva regulación autonómica, según las mismas fuentes, es la consideración de esta prestación destinada a la atención de necesidades básicas de subsistencia en situaciones de urgencia social como prestación esencial dentro del sistema de Servicios Sociales, que se configura como un derecho subjetivo de obligatoria provisión que debe estar públicamente garantizado.

Otros novedades son la regulación del inicio del procedimiento de oficio por parte del trabajador social, de forma que los profesionales de los Ceas pueden iniciar un procedimiento de solicitud si identifican estas situaciones en su actividad diaria.

Asimismo, prevé la posible participación de entidades sin ánimo de lucro en la gestión de ayudas o en la aportación de fondos económicos o en especie para la atención a estas necesidades. Así, de manera conjunta y coordinada con estas entidades se pueden "identificar y resolver" estas situaciones a quien "realmente lo necesita".

Por último, la propuesta contempla la posibilidad de conceder ayudas condicionadas al cumplimiento de ciertos requisitos, como la mejora de la atención a menores o la disponibilidad o mejora de vivienda, que exijan una "mayor implicación" del solicitante en la mejora de la calidad de vida.

Plan de actuaciones 2013-2015

Durante el encuentro, también analizaron el Plan de actuaciones 2013-2015 en los Centros de Acción Social de la provincia, que contará con un presupuesto de 1.286.853 euros para mejorar la atención a las personas en los Centros de Acción Social.

El Plan, destinado a gastos de mantenimiento de los Ceas y a obras e inversiones en los mismos, cuenta como objetivos "mejorar" las infraestructuras que ocupan los Centros en locales municipales, "garantizar" la accesibilidad de los usuarios a estos espacios públicos, "dignificar" espacios en los que desarrollan su labor los trabajadores de los servicios sociales, "incrementar" la calidad en la prestación y rehabilitar espacios que son patrimonio de las entidades locales.