Las comunidades judías en el mundo han recibido con satisfacción y esperanza la promesa del Gobierno español de otorgar la nacionalidad a los sefardíes −descendientes de los judíos expulsados de la península en 1492−, una "notable expectación" que se ha notado sobre todo en Jerusalén.

Desde que el pasado 7 de febrero el Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto de ley que simplifica el procedimiento para conceder la nacionalidad española a los judíos sefardíes las consultas y solicitudes de información han saturado algunas asociaciones en España, así como varios consulados y en especial, según confirman fuentes de Exteriores, el de Jerusalén.

No obstante, pasado el primer "boom" de peticiones de información a principios de esta semana, ahora cunde la esperanza entre los sefardíes que creen que este proyecto del ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, repara un error y una injusticia histórica.

Así al menos lo destacó la Federación de Comunidades Judías de España nada más conocer la aprobación de esta iniciativa por parte del Gobierno con una nota en la que su presidente, Isaac Querub Caro, dejaba claro su agradecimiento a Gallardón, de quien dijo "cumple con su palabra y su compromiso y eso le honra".

Mas allá de la satisfacción que la noticia ha causado entre las comunidades de sefardíes, ahora lo importante es que se definan y divulguen los trámites y, para explicarlos, el Ministerio de Exteriores y la embajada de España en Israel ya han colgado una nota informativa en su página web para explicar qué es lo que va a pasar a partir de ahora.

De momento, se trata sólo de un anteproyecto de una ley que, por tanto, aún no se ha aprobado y que tendrá todavía que ser enviada al Parlamento para que siga su tramitación.

Cuando la norma se apruebe, los descendientes de los judíos que en 1492 fueron expulsados de la península ibérica tendrán un plazo de dos años, a partir de su entrada en vigor, para presentar su solicitud, aunque el Consejo de Ministros todavía puede prorrogar este plazo un año más.

Aunque es muy aventurado dar cifras, según los cálculos de sus asociaciones más de 3,5 millones de judíos en todo el mundo, y hasta medio millón en Israel, podrían así adquirir la nacionalidad española por carta de naturaleza.

Para ello, hay unos requisitos 'alternativos' que el anteproyecto de ley establece como suficientes para conceder la nacionalidad española a los sefardíes.

Se podrá aportar un certificado de la autoridad rabínica competente, reconocida legalmente en el país de residencia habitual.

También se puede solicitar simplemente gracias a los apellidos del interesado o del idioma familiar −el ladino, que es el idioma español hablado en el siglo XV y que algunas familias mantienen vivo−.

Incluso valdrá un certificado de la Federación de Comunidades Judías de España en el que se acredite que el interesado es sefardí.

El solicitante puede optar además por hacer constar su inclusión o la de su descendencia directa en las listas de familias sefardíes protegidas por España o su vinculación y en su caso parentesco con una de las personas o familias mencionadas.

Una de las cosas que con más satisfacción han recibido los sefardíes del proyecto, que pretende hacer más fácil la obtención de la nacionalidad española a quienes justifiquen su condición de sefardíes, es que no exigirá al interesado que renuncie a su nacionalidad de origen.

Podrán obtenerla también sin necesidad de residir en territorio español si acreditan su origen sefardí o su especial vinculación con España a través de algunos de los requisitos antes enumerados.

Se espera −y así parece apuntar también el interés despertado en Jerusalén por el proyecto− que el mayor impacto de la norma esté en Israel, donde más de la mitad los judíos residentes son de origen sefardí, aunque no hay que perder de vista el interés de los asentados en países como Argentina o Venezuela.

De cualquier forma, los interesados en solicitar la nacionalidad española deberán esperar a la aprobación definitiva con carácter de ley de esta iniciativa del Gobierno y a que concluya, por tanto, su tramitación en el Congreso y en el Senado, para tramitar su solicitud.

Para el Ejecutivo español este proyecto, que modificará el artículo 23 del Código Civil, es una medida "histórica" con la que España quiere reconocer la importancia del legado sefardí en su historia y su cultura.

Una importancia que se vio también reflejada la semana pasada en las palabras del rey Juan Carlos durante una audiencia en el Palacio de la Zarzuela con un destacado grupo de organizaciones judías de EE UU, a la que también asistió el embajador de Israel en España, Alon Bar, y el presidente de la Comunidad Judía de Madrid, David Hatchwell.

"Nuestra historia se ha visto enriquecida enormemente con las contribuciones de los judíos españoles a las artes y las ciencias, al comercio y la filosofía. Estamos extremadamente orgullosos de este legado".