Un exdirector de Recursos Humanos de Caja Segovia, imputado en el caso de las retribuciones millonarias

El juez ha llamado a declarar en calidad de imputado a Enrique Quintanilla Herrero, antiguo director de Recursos Humanos de Caja Segovia, para que ofrezca explicaciones sobre las retribuciones millonarias aprobadas para altos directivos de la hoy extinta entidad.

El juez ha llamado a declarar en calidad de imputado a Enrique Quintanilla Herrero, antiguo director de Recursos Humanos de Caja Segovia, para que ofrezca explicaciones sobre las retribuciones millonarias aprobadas para altos directivos de la hoy extinta entidad.

Además de ser responsable de Recursos Humanos, Quintanilla forma parte del grupo de ocho altos cargos que se repartieron 34 millones de euros en concepto de prejubilaciones y planes de pensiones, según las estimaciones de UPyD, impulsor de la demanda.

La declaración testifical de este exdirector se producirá, según un escrito de la Fiscalía, antes de la comparecencia de quienes integraron el Consejo de Administración entre 2008 y 2010, entre los que figuran el senador del PP Javier Santamaría; el viceportavoz del Grupo Popular en las Cortes de Castilla y León, Juan José Sanz Vitorio, y el alcalde de Segovia, Pedro Arahuetes (PSOE).

El pasado mes de enero pasaron por el Juzgado número 2 de Segovia, instructor de la causa, los integrantes de la Comisión de Retribuciones en ese periodo, entre ellos los que fueran presidente y vicepresidente de Caja Segovia, Atilano Soto (PP) y Manuel Agudíez (PSOE).

Tras esa primera ronda, las declaraciones se han retomado este miércoles con la comparecencia como testigos de los responsables de auditorías interna y externa: José Francisco Santos, exdirector de Auditoría de la Caja, y un auditor de KPMG.

El abogado Luis Rodríguez Ramos, representante legal de Soto y otros imputados, ha insistido hoy en la "pérdida de tiempo" que supone este proceso, que según ha vuelto a aventurar será sobreseído pues no existe ningún tipo de indicio delictivo.

Rodríguez ha opinado que UPyD está generando unas expectativas que derivarán en la frustración de la ciudadanía y ha lamentado el gasto público "inútil" que supondrá este caso, lo que a su juicio supone "malversación".

Sobre las diferentes auditorías que se llevaron a cabo, ha asegurado que están perfectas, por lo que ha sospechado que la intención de UPyD es hacer "ruido" y conseguir votos. "Aquí no ha existido ningún tipo de corrupción", ha incidido el abogado, quien ha reconocido que las retribuciones son altas pero que están dentro de la legalidad.

Por su parte, el abogado Andrés Herzog, miembro del Comité de Dirección de UPyD y responsable de sus servicios jurídicos, ha destacado tras las declaraciones de los responsables de auditoría que José Francisco Santos ha reconocido que las dotaciones del paquete de prejubilaciones, a diferencia de las pensiones, se podían rescatar total o parcialmente si no se cumplían los requisitos establecidos en el propio plan.

En este sentido, ha señalado que las prejubilaciones eran una fórmula para fidelizar a los directivos con el fin de que se comprometieran a cumplir el plan estratégico fijado para seis años. Así, según ha agregado, al conocer que ese plan no tenía sentido ante la futura integración de Caja Segovia en Bankia, en vez de rescatar las dotaciones, se optó por acelerarlas.

Herzog ha indicado en declaraciones a los medios que ambos responsables de auditoría han declarado que en 2010 el patrimonio neto de la Caja se redujo de manera considerable, hasta en un 60 por ciento, y ha lamentado al respecto que ello no impidiera que se dotaran importantes cuantías.

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