Belloch cree que el Ejecutivo autonómico aceptará que el Ayuntamiento mantenga las competencias impropias

El alcalde de Zaragoza, Juan Alberto Belloch, ha estimado que el Gobierno de Aragón aceptará la petición del Ayuntamiento de seguir ejerciendo las competencias impropias al estimar que la fórmula más adecuada para seguir prestando los servicios.
El alcalde de Zaragoza, Juan Alberto Belloch, y el juez decano, Ángel Dolado
El alcalde de Zaragoza, Juan Alberto Belloch, y el juez decano, Ángel Dolado
EUROPA PRESS
El alcalde de Zaragoza, Juan Alberto Belloch, y el juez decano, Ángel Dolado

El alcalde de Zaragoza, Juan Alberto Belloch, ha estimado que el Gobierno de Aragón aceptará la petición del Ayuntamiento de seguir ejerciendo las competencias impropias al estimar que la fórmula más adecuada para seguir prestando los servicios.

Belloch ha explicado que la opción de la delegación de competencias "es complicado y solo se podría hacer con una dotación integral del coste del servicio y no creo que el Gobierno de Aragón quiera incrementar sus gastos" para zanjar que "esta vía está excluida".

En declaraciones a los medios de comunicación, Belloch ha indicado que hasta que no se apruebe la Ley de capitalidad, "que resolverá este asunto, la única vía es que el Ayuntamiento siga manteniendo los servicios" y ha subrayado que "espero que la DGA conteste positivamente porque, sino se creará un problema".

A su parecer, el Consistorio zaragozano "puede, sin duda, mantener la prestación de estas competencias, aunque con dificultades, pero en gasto social y empleo, que son nuestras prioridades, lo vamos logrando".

El Gobierno de Zaragoza ha trasladado este jueves la solicitud al Gobierno de Aragón para que emita un informe "vinculante" sobre las competencias impropias que el Ayuntamiento debe ejercer con la aplicación de la Ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local.

El Gobierno de Aragón tiene la obligación de responder, al ser el único titular de estas competencias y tiene que dejar constancia de que no hay duplicidad de competencias entre el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza y que además existe suficiencia financiera del Ayuntamiento.

COMPETENCIAS

En caso de que la respuesta no sea favorable, el Consistorio no podría mantener la prestación de estas competencias impropias evaluadas en 106,2 millones de euros y 760 empleos, según un informe realizado por los servicios técnicos municipales.

De los 106 millones de euros que supone el impacto total de la pérdida de competencias, la de mayor cuantía es la de servicios sociales, con 55,3 millones de euros y 218 trabajadores públicos directos.

Afecta al servicio de ayuda a domicilio y teleasistencia; las subvenciones al programa de apoyo a la iniciativa social; la cooperación al desarrollo; los convenios del programa de integración social; los centros de convivencia de mayores; el alojamiento temporal de Zaragoza-Vivienda; el Centro Municipal de Promoción de la Salud; el Centro Municipal de Prevención de Adicciones; la residencia municipal Casa Amparo; la casa de acogida a mujeres víctimas de la violencia; la Casa de las Culturas; el programa de erradicación del chabolismo; y los servicios de atención a la infancia.

Por volumen económico, le sigue la educación, con 32,4 millones de euros y 254 trabajadores, que incluye las escuelas infantiles; las escuelas artísticas; la Universidad Popular; la Escuela de Jardinería 'El Pinar'; la limpieza y suministro de energía a centros escolares; y las aportaciones complementarias a educación obligatoria.

Hasta 10,7 millones de euros y 185 empleados es el impacto que supone la supresión de las competencias municipales en fomento económico y empleo, que incluye el Instituto Municipal de Empleo y Formación (IMEFEZ) y Zaragoza-Activa.

El área de Juventud supone 3,1 millones de euros y 42 trabajadores, que es el coste de los servicios y programa de las Casas de Juventud, y la promoción de la igualdad de género asciende a 2,7 millones de euros y a los 33 trabajadores de la Casa de la Mujer. En medio ambiente, la pérdida de la competencia supone 1,1 millones de euros y 19 empleados de la Unidad de Conservación del Medio Natural.

Este desglose se cierra con los 595.549 euros y los 8 trabajadores de la Oficina Municipal de Protección al Consumidor y la Junta Arbitral de Consumo.

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