El Juzgado de lo Social número 3 de Santander ha declarado improcedente el despido de tres trabajadores del servicio de abastecimiento y saneamiento de aguas de Liérganes, y ha condenado al Ayuntamiento a readmirlos o indemnizarlos.

La sentencia, fechada el pasado 14 de enero y dada a conocer este viernes por el PP, se produce después de que el Ayuntamiento decidiese resolver el contrato con la empresa que gestionaba dicho servicio y hacerse cargo de su gestión directamente.

El fallo declara improcedente el despido de los tres trabajadores el 28 de agosto de 2013 estimando que el Ayuntamiento no debería haber extinguido la relación laboral con los empleados al subrogarse en la posición jurídica de la empresa anterior, tras quedar acreditado que "se prescindió del servicio que prestaba una determinada empresa para proseguir con este servicio pero a través de un empresario autónomo, persona física, práctica que puede ser lícita, pero que obliga desde luego y por mor del artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores a contar con los servicios de los trabajadores que desde hace varios años vienen protagonizando este servicio", según recoge la sentencia.

Tras atribuir al Ayuntamiento la responsabilidad exclusiva de los hechos "por haber actuado de modo fraudulento", el fallo condena al Ayuntamiento de Liérganes a que, a su elección, indemnice a los tres trabajadores despedidos con las cantidades de 5.640 euros, 6.847 euros y 16.251 euros, respectivamente, o bien les readmita "en las mismas condiciones anteriores al despido" abonando, en este caso, los salarios de tramitación desde la fecha del despido hasta la fecha efectiva de la readmisión.

El portavoz del PP de Liérganes, Ángel Bordas, ha manifestado que este fallo ratifica lo que desde hace meses viene advirtiendo su grupo municipal: que la "mala gestión" y la "terquedad" del alcalde del municipio, el socialista Ramón Diego, y de su equipo de gobierno, al tomar la decisión de rescindir el contrato del servicio de aguas, "está suponiendo un enorme quebranto económico a las arcas municipales".

Y es que, según expone Bordas, "a los casi 30.000 euros a los que el Ayuntamiento debe ahora hacer frente para indemnizar a los trabajadores despedidos de modo improcedente, o a sus salarios en caso de pasar a formar parte de la plantilla municipal como indica la sentencia, hay que sumar las numerosas facturas que se están girando al Consistorio por la prestación de diferentes servicios en la gestión del agua y que ya suman más de 70.000 euros".

Bordas señala que el PP ya advirtió de las consecuencias económicas para el Ayuntamiento que supondría la rescisión del contrato en el pleno donde se aprobó dicho acuerdo con el voto en contra del PP, unas consecuencias que "aún pueden ser peores" en caso de que la justicia resuelva a favor de la empresa que venía prestando el servicio de aguas el contencioso que mantiene con el Ayuntamiento por la rescisión del contrato y por el que le reclama la cuantía de 1,8 millones de euros, según apunta el portavoz del PP.

"Ramón Diego mintió cuando dijo que el Ayuntamiento iba a hacerse cargo de la gestión del servicio del agua y ya hemos visto que este servicio se está prestando a través de un empresario; rescindió un contrato que tenía una duración de 25 años sin valorar las consecuencias puesto que si la empresa que venía prestando el servicio gana su reclamación dejaría al Ayuntamiento en una situación muy crítica; y encima se ha observado que la prestación del servicio ha bajado mucho de calidad mientras que los vecinos seguimos pagando lo mismo que antes, aunque el alcalde anunciaba una bajada del recibo del agua", ha sentenciado.

Por último, lamenta que el alcalde "pretenda alargar esta situación recurriendo a la justicia la sentencia, con lo que aseguramos que vamos a tener un problema económico de magnitud incalculable".