El tribunal de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Huelva ha dictado un auto en el que decreta la libertad provisional a los todos miembros de una organización, conformada por 13 personas —entre ellas dos agentes de la Guardia Civil—, acusada de sabotear el Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE) en la zona de Lepe y de facilitar y dar cobertura necesaria para que las bandas que así lo requirieran lograran introducir alijos de hachís en la costa de la provincia onubense, al considerar que no hay riesgo de fuga tras finalizar este miércoles la vista oral tras siete días de juicio.

Según han informado a Europa Press fuentes judiciales, el tribunal ha pedido la libertad de todos los acusados hasta que se dicte la sentencia y esta sea firme, incluso la de los cinco de nacionalidad rumana, que ratificaron los hechos, aunque no se conformaban con la pena y finalmente la Fiscalía se la rebajo.

Así, los 11 acusados que se encontraban en prisión preventiva desde principios de 2011 serán puestos en libertad a lo largo del día de hoy, ya que dos de ellos — M.T.M., la madre de la hija del presunto líder de la trama, L.G.M., y el guardia civil del Servicio de Marítima, J.M.T., ya estaban en libertad—. De igual forma, podrá salir de prisión el supuesto cabeza de la red, para el que la Fiscalía pedía 23 años de prisión.

El juez considera en el auto que al haber concluido el desarrollo de las sesiones de la vista oral, permite mantener esta medida acordada, es decir, la puesta en libertad de todos los acusados hasta que se dicte sentencia y esta sea firme.

El juicio se ha celebrado durante siete días desde el pasado 5 de noviembre en las que se le ha tomado declaración a los acusados, aunque algunos se acogieron a su derecho a no declarar, y a varios testigos, entre ellos guardias civiles y agentes de la Policía Nacional.

En la última sesión, celebrada este miércoles, las defensas de todos los acusados, excepto las de los rumanos, pidieron la libre absolución de sus clientes ante la ausencia de un auto lícito para llevar a cabo las intervenciones telefónicas en este caso, unas intervenciones que pidieron que fueran anuladas al igual que todas las actuaciones al considerar que "se habían vulnerado derechos" en realización, una cuestión que el juez aseguró que resolvería en sentencia.

En la red se encontraban supuestamente involucrados dos agentes de la Guardia Civil, que a juicio de la Fiscalía se encargaban de avisar sobre la actividad de la patrullera los días de los alijos planeados dando instrucciones al cabeza del grupo, así como de colocar dispositivos de balizamiento en los vehículos patrullas de la Guardia Civil con el objetivo de que estos estuvieran siempre localizados; un vigilante de seguridad de las instalaciones del Muelle del Tinto de Vigilancia Aduanera, y diez personas más acusadas por el Ministerio Fiscal de asociación ilícita, de tráfico de drogas, de daños en bienes afectados de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, de tenencia ilícita de armas, de blanqueo de capitales y de un delito continuado de conducción de vehículo a motor sin permiso o licencia.