Diez de los acusados por robo de coches de alta gama en el marco de la Operación Boquerón se han negado este miércoles a prestar declaración en sede judicial, en el arranque del proceso contra ellos.

Se trata de Juan Carlos V.G., Omar Z., Aziz H., Hipólito C.T., Alberto F.C., Said H.S., Laia G.N., Hamid E., Mustafa A. y Abdelouahed A., más conocido como Wahid y considerado el cabecilla de la red. Todos ellos se han acogido a su derecho a no declarar y, así, no se han sometido a las preguntas del ministerio fiscal o de los abogados.

Ante esta situación, el fiscal, Mario Piñeiro, ha pedido reproducir en la sala declaraciones previas de algunos de los acusados, realizadas durante la fase de instrucción del caso, en las que admitían el robo de vehículos o su colaboración para que otros llevasen a cabo estos hechos.

Drogas y coches

De este modo, inicialmente, el juez dio lectura a un testimonio de Hipólito C.T. en el que reconocía haber participado en el traslado de coches por orden de Wahid, pero negaba haber obtenido "beneficio económico" de ello.

A renglón seguido, a petición de su abogado defensor, se conoció en la sala otra declaración posterior en la que Hipólito C.T. aseguraba que "no sabía que eran coches robados" y que él los movía porque recibía "50 euros" de Wahid, que utilizaba para "obtener droga".

En la misma línea, llegaba a asegurar que el considerado líder de la trama de venta de vehículos de alta gama "se aprovechaba" de él por su adicción.

También Said H.S. ofreció inicialmente una versión que relacionaba a Wahid con "drogas" y con la "compraventa de vehículos", de la que posteriormente se desdijo.

"wahid roba coches de lujo"

En la sala se leyó, asimismo, una declaración de Hamid E. en la que acusaba a Wahid de "robar coches de lujo" y explicaba que los enviaba desde el puerto de Vigo a "otros países, como Emiratos Árabes Unidos".

Además, lo relacionaba con Aziz H. y con "un español" al que apodaba 'el Bajito'.

Por su parte, Mustafa A. añadía que su relación con Wahid partía de que su padre "vendía coches en Marruecos" y que, en una ocasión, éste le había indicado que "conseguía BMW baratos" porque "eran robados".

En una versión posterior, leída a instancias de su abogado, Mustafa A. indicaba que únicamente había tratado con Wahid para la venta de "100 chándales" en mercadillos y negaba "relación con la venta de coches". Preguntado al respecto, había atribuido lo dicho anteriormente a que "no entendía el dialecto del intérprete" que se le había asignado.

Piden la "nulidad" de las escuchas

En el apartado de cuestiones previas, todos los abogados defensores pidieron la "nulidad" de las intervenciones telefónicas basándose en que sus autorizaciones no estaban debidamente "motivadas" o, en algunos casos, en que fueron concedidas con posterioridad al inicio de las propias escuchas.

Además, varios letrados detectaron "errores" en la instrucción, que concretaron, por ejemplo, en que se intervinieron teléfonos que no eran propiedad de los acusados y, a sabiendas, se mantuvieron esas escuchas.

Asimismo, el representante legal de Abdelouahed A. (Wahid) y Aziz H. denunció que el registro de la nave de Boqueixón (A Coruña) "se hizo sin el interesado", el arrendatario de ese inmueble, y sin que se hubiesen practicado diligencias para "intentar localizarlo".

Sin embargo, el juez —en consonancia con el fiscal y la acusación particular— no apreció "apariencia de derecho fundamental comprometido" y tampoco aceptó la solicitud de anulación del juicio que realizaron los abogados defensores.

Anulación del juicio

Y es que, como argumentaron, se podría estar incurriendo en una "vulneración del derecho de defensa" de sus representados al haberse modificado el escrito de acusación.

También hicieron hincapié en que este caso no debería juzgarse en Santiago, donde se iniciaron los trabajos a raíz del hallazgo de siete coches de alta gama robados en la mencionada nave de Boqueixón, sino en Cataluña, donde se efectuó el primer registro.

"marketing político"

A su salida de los juzgados, el abogado de Wahid y de Aziz H., Carlos Hermelo, ha asegurado, ante los medios de comunicación, que esta "macrocausa" es el resultado de "una operación de marketing político".

"Se vendió como una gran operación de coordinación de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado", ha incidido, en relación al "primer" trabajo conjunto de Policía Nacional, Guardia Civil y Mossos d'Esquadra. "Se buscó demostrar que están perfectamente coordinados cuando todos sabemos que no", ha sentenciado.

Con este afán, ha proseguido, se ha creado "una macrocausa" que "lo único que hace es gastar dinero del erario público" y, tras siete años, "no obtendrá resultado alguno", a la vista de "los errores" que se arrastran desde la fase de instrucción. "Es un sinsentido", ha sostenido.

Y es que, desde su punto de vista, todos los implicados en este caso —12 magrebíes y 17 españoles, según ha apuntado— "pudieron ser enjuiciados por delitos menores de forma independiente", como se hizo con "algunos" de los actualmente declarados en rebeldía.

"Pero ahora se ha decidido acumular diferentes robos de magrebíes en distintas partes de España", ha criticado, en relación al enjuiciamiento de todos ellos como parte de "una banda organizada", y ha lamentado que "siete años después" se está intentando dilucidar en Santiago "algo que ya debería haber sido juzgado" y "en Vic, en Barcelona".

"banda organizada"

Dicho esto, ha enfatizado que "la Justicia que tarda siete años en llevarse a cabo no es Justicia ni es nada", y ha aclarado que sus defendidos se han negado a declarar porque "no tienen nada que ver con los hechos que se enjuician aquí". "Es manifiestamente falso que formen parte de una banda organizada", ha zanjado.

Distinta visión tiene la abogada de Reale, que ejerce como acusación particular por el robo de un vehículo asegurado por esta compañía. "Todas las pruebas llevan a que sí hay una asociación ilícita con un fin ilícito", ha defendido.

Retraso del juicio

Esta causa iba a iniciarse el pasado día 22 en la sección sexta de la Audiencia Provincial de A Coruña, en Santiago, pero se pospuso por la incomparecencia de varios de los citados y la asistencia, en cambio, de uno que había sido declarado en rebeldía por no presentarse en su momento ante el tribunal.

Ese mismo día, tres de los acusados —de un total de 27— alcanzaron un acuerdo con la Fiscalía, en base al cual Hannane E.A., Youssef A. y Rachid A. cumplirán seis meses de prisión por un delito de receptación. Los dos últimos, además, deberán abonar 900 euros por un delito adicional de falsificación de documentos oficiales.

Mañana, jueves, se retomará el juicio con varias videoconferencias desde Cataluña de agentes del cuerpo de los Mossos d'Esquadra, de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, así como de distintos peritos.