Organizaciones no gubernamentales y cazadores han negado que haya una plaga de topillos en Castilla y León y han advertido de que vigilarán el campo y denunciarán ante el Servicio de Protección a la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil el uso de veneno.

En concreto, SEO/BirdLife, WWF España, Secem, Acenva, Grefa y la Federación de Caza de Castilla y León, en un comunicado conjunto recogido por Europa Press, han mostrado su oposición al uso de veneno y han incidido en las consecuencias sanitarias y sobre las biodiversidad y el patrimonio cinegético de la región que pueden tener.

Las organizaciones han señalado que no hay plaga de topillos y que "el reparto de veneno por la Consejería de Agricultura supondría la responsabilidad de esta en un nuevo atentado contra la biodiversidad y al patrimonio cinegético de Castilla y León".

Recientemente, han recordado, las organizaciones denunciaron ante el Seprona el uso de grano envenenado en la superficie de varias parcelas en la provincia de Palencia, donde además se encontró una oveja muerta y han insistido en que el uso de veneno en superficie es ilegal según la normativa existente, por los "graves" riesgos que ocasiona.

Estas organizaciones han criticado la compra de grano envenenado por parte de la Junta "a pesar de la no existencia de una plaga" y al mismo tiempo han advertido de que existen importantes cantidades de veneno almacenadas por particulares y entidades locales en años anteriores "que no han sido retiradas y que pueden volver a ser utilizadas en cualquier momento de forma indiscriminada e ilegal".

En este sentido, han afirmado que solicitarán a sus afiliados que colaboren en la detección de uso ilegal de veneno y denunciarán ante la Benemérita y las autoridades la presencia de veneno en superficie o de cualquier animal muerto sospechoso de haber sido envenenado.

Estas organizaciones han destacado que no se puede permitir el uso "indiscriminado y sin control" en el medio rural de potentes tóxicos rodenticidas, como la bromadiolona, porque produce graves daños ambientales y riesgos sanitarios. Entre ellos, envenenamiento masivo de especies cinegéticas, como liebres, palomas o perdices que, además, entran en la cadena de consumo humano.

Peligro de intoxicación

También han señalado que puede producirse intoxicación de ganado ovino y mortalidad de otras numerosas especies, incluyendo algunas en peligro de extinción en la Comunidad como el milano real.

Así, han asegurado que han pedido a la Consejera de Agricultura que deje de utilizar el tratamiento químico, ya que las poblaciones de topillos disminuyen por sí solas de forma natural a lo largo del invierno. "Este sí es un hecho científico demostrado y comprobado en Castilla y León, en 1998, 2008, 2012 y que está ocurriendo en la actualidad", han aseverado.

En esta línea, han añadido que posiblemente estos tratamientos "innecesarios y reiterados" han llevado a un repunte más rápido (cada dos años) en las zonas más frecuentemente tratadas (como Palencia centro y sur) al eliminar a sus depredadores naturales, entre ellos zorros y aves rapaces, que mueren intoxicados al comer los roedores envenenados.

Por lo tanto, consideran que "se debería desautorizar completamente" el uso de tóxicos y nunca utilizarlos en superficie, ya que su uso sólo se permite legalmente introduciéndolo en los túneles de los topillos.

A este respecto, ONG y cazadores recuerdan que la Ley de Sanidad Vegetal considera una infracción muy grave, con sanciones entre 120.001 y 3.000.000 euros, la manipulación y uso o utilización de fitosanitarios (como son los rodenticdas) no autorizados, o de los autorizados sin respetar los requisitos establecidos para ello cuando suponga un riesgo muy grave para la salud humana, la sanidad animal o el medio ambiente.

Las organizaciones también han destacado el "claro contraste" entre "el apoyo oficial a la alta inversión económica en veneno y el poco respaldo que se está dando a otras técnicas alternativas que están demostrando su utilidad" como el control biológico mediante la instalación de cajas-nido para rapaces, así como a la conservación de los hábitat lineales en medio agrario (incremento de anchura de linderas, creación y conservación de setos, mantenimiento de vegetación riparia, que mantiene poblaciones estables de predadores de roedores etcétera).

También es muy destacable el escaso apoyo a cambiar el manejo agrícola, en especial el de las alfalfas de regadío, como principal reservorio del topillo en las comarcas agrícolas de Castilla y León.

La junta niega su uso

Por su parte, la Consejería de Agricultura y Ganadería ha aclarado que la Junta de Castilla y León no ha autorizado el uso de veneno contra el topillo campesino y ha recordado que, en caso de hacerlo, hay una serie de protocolos establecidos de respeto medioambiental.

La Junta se ha expresado así después de que organizaciones conservacionistas y la Real Federación Española de Caza hayan advertido de la "catástrofe ambiental" que supondría esparcir rodenticida en Castilla y León, cuya provisión afirman que ha adjudicado el Gobierno autonómico a dos empresas.

A este respecto, fuentes de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente han aclarado a Europa Press que no se ha autorizado el uso de veneno, aunque sí se ha realizado una adquisición provisionalmente por si fuera necesario.

En cualquier caso, han aclarado que el rodenticida adquirido son solo dos kilos mezclados en un conjunto de casi 48 toneladas de cereales.

Además, el departamento que dirige Silvia Clemente ha explicado que, si se llega a autorizar el uso de estos productos, hay unos protocolos de actuación que incluyen normas de respeto medioambiental, ya que su uso no puede ser discrecional.