Los procuradores de la Región de Murcia se han mostrado escépticos ante la negociación abierta por el Ministerio de Economía para debatir posibles cambios en el anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios Profesionales.

Durante una nueva concentración de protesta en la Ciudad de la Justicia, el decano de los procuradores de Murcia, José Miguel Hurtado, ha subrayado que el inicio de las conversaciones con el departamento dirigido por Luis de Guindos supone "un primer paso, pero nosotros somos escépticos hasta que la negociación no llegue a buen término y se quede plasmada por escrito".

Esta reacción se produce después de que el Ministerio de Economía, responsable del anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios Profesionales, anunciase esta semana la creación de una comisión de trabajo que estará integrada por dos miembros del ministerio y otros dos representantes del Consejo General de Procuradores.

La toma de contacto se producirá este jueves, cuando la comisión tiene previsto reunirse por primera vez para estudiar posibles modificaciones en el texto del anteproyecto, que fue aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 2 de agosto y que se encuentra actualmente en fase de informe.

Dentro de la cautela, Hurtado ha calificado este encuentro como "un avance significativo" y se ha mostrado "esperanzado" para que en las conversaciones "podamos llegar a un acuerdo". Mientras, los procuradores mantienen su calendario de movilizaciones y esta mañana se han vuelto a concentrar a las puertas de la Ciudad de la Justicia de Murcia para mostrar su rechazo a un texto que amenaza con hacer desaparecer la figura del procurador.

En Murcia, este colectivo agrupa a casi 400 profesionales, aunque la desaparición de los procuradores podría afectar, contando con los empleados de los Colegios Profesionales y de los despachos, a cerca de 6.000 personas, según los procuradores.

Los puntos principales del anteproyecto a los que se oponen los procuradores son la eliminación de la incompatibilidad entre las figuras del abogado y del procurador y la supresión de los aranceles. La primera de estas medidas, explican, supondría una mayor dilación en la tramitación de los procedimientos en una administración que en la Región de Murcia acumula ya un retraso medio de 442 días.

Los cálculos realizados desde el Colegio de Procuradores advierten de que estos retrasos podrían llegar a ser de hasta seis años debido, entre otras cosas, a la falta de infraestructuras de los despachos de abogados para asumir las labores de notificación que ahora desarrollan los procuradores.

Según datos del Consejo General de Procuradores, este colectivo gestiona cada año 50 millones de notificaciones de los tribunales, de las que 28 millones son en formato papel mientras que el resto, 22 millones, se tramitan a través del sistema informático Lexnet.

La segunda de las iniciativas pretende garantizar el ejercicio de la libre competencia, aunque los procuradores advierten de que en la práctica significaría un mayor coste económico para los ciudadanos.