El Partido Popular andaluz solicitará este lunes la comparecencia del secretario general de UGT, Cándido Méndez, en el Parlamento autonómico dada la "trascendencia nacional" que ha adquirido el inicial "escándalo de las facturas" del sindicato respecto a las ayudas y subvenciones concedidas por la Junta de Andalucía y por la "posible participación" de la organización a nivel estatal en dicho "uso irregular".

Así lo ha anunciado en rueda de prensa la vicesecretaria de Organización del PP-A, Ana María Corredera, que ha indicado que su partido quiere que Méndez acuda a la Cámara andaluza después de que haya trascendido que el dimitido secretario general de UGT-A, Francisco Fernández Sevilla, "lo compartía todo desde el primer día" con Méndez y que la UGT estatal "pudo haberse embolsado 600.000 euros por gestionar parte de los falsos ERE andaluces".

"Esto viene a poner de manifiesto y pone sobre la mesa que la participación de UGT en el escándalo de los ERE trasciende de Andalucía y no era un hecho aislado de UGT-A", ha destacado Corredera para justificar la solicitud de comparecencia de Méndez en el Parlamento andaluz, la cual, se suma a las ya reclamadas sin éxito por el Grupo Popular del dimitido Fernández Sevilla; de su antecesor al frente de UGT-A, Manuel Pastrana, y del tesorero del sindicato, Federico Fresneda. Todas ellas han sido rechazadas hasta el momento por PSOE-A e IULV-CA en la Mesa de la Comisión de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo.

La dirigente 'popular' ha insistido que Méndez debe explicar "la participación de UGT en el posible uso irregular de fondos públicos de la Junta de Andalucía" en pro de la "transparencia", ya que considera que "es hora de que sepamos la verdad de lo ocurrido en esta trama".

Tras recomendar, por tanto, que aprovechen la "oportunidad" que les brinda el PP-A para que todos los andaluces "puedan conocer de primera mano las explicaciones del líder nacional de UGT y de los que hasta hace pocos días eran líderes de UGT en Andalucía", Corredera ha vuelto a pedir explicaciones y "hechos" a la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, cuyo "clamoroso silencio" y "pocas ganas" de denunciar el caso, a su juicio, la hace "cómplice" de este escándalo.

Así, ha advertido de que "está obligada a tomar una decisión política" al respecto para "defender el dinero público de los andaluces", así como a instar a la Junta a personarse "como acusación" en la causa judicial abierta contra el sindicato hoy mismo. "Es absolutamente necesario que, antes de que mañana el Gobierno entregue a los servicios jurídicos de la Junta dos expedientes reclamando 1,8 millones de euros, la presidenta está obligada a anunciar su decisión política de defender el dinero público de los andaluces personándose en la causa, o la decisión política de defender a los sindicatos. Ella sabrá, pero debería ser la primera interesada; pero aquí, como en el de los ERE, parece que están más interesados en actuar como defensa que como actuación", ha argumentado.

Sobre todo, según ha insistido, porque las últimas informaciones conocidas acerca del supuesto "fraude" de facturas en UGT-A y de la gestión del sindicato a nivel nacional en algunos expedientes de regulación de empleo, "está en cuestión todas las ayudas otorgadas por la Junta" al sindicato.

Corredera también ha exigido explicaciones a la formación socia del Gobierno andaluz, IULV-CA, a la que ha pedido que "no haga el mismo papelón que en los ERE" y aplique su "radicalidad" en luchar contra la corrupción si no quiere seguir siendo "un invitado de piedra" en la Administración autonómica. "El bipartito ya llega tarde y mal a la investigación contra UGT-A", ha resumido.

Otra iniciativa por la transparencia

En este contexto, la vicesecretaria del PP-A ha recordado que su Grupo Parlamentario va a defender en el próximo pleno del Parlamento andaluz una proposición no de ley para reclamar a la Junta una "auditoría del uso de fondos públicos en sus entidades instrumentales" después de que el Juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla —encargado del denominado 'caso Invercaria'— haya ampliado su investigación a nueve empresas públicas de la Administración autonómica.

Para Corredera, este "salto cualitativo y cuantitativo" de la instrucción judicial hace "imprescindible" que la solicitada auditoría se realice "con carácter urgente" para que analizar cuanto antes tanto la gestión como el uso de transferencias de financiación por parte de la Junta a entidades instrumentales, las cuales, las destinaban "a terceros y sin fiscalización previa".

Sólo así, ha apostillado, Díaz demostrará que "no le tiembla el pulso ni la voz" en la lucha contra la corrupción y podrá pasar de la "palabrería" a los "hechos" despejando "todas las sospechas" de posibles casos de corrupción en la Administración autonómica.