La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba acogerá los días 11 y 12 de diciembre el juicio en el que están acusados un total de cuatro policías locales, por un delito de falsedad cometido por funcionario público en el ejercicio de sus funciones, en el conocido caso Torreblanca.

En concreto, el Ministerio Público y la acusación particular ya presentaron su escrito de acusación en el que solicitan para cada uno de los cuatro presuntos implicados tres años y nueve meses de prisión y multa de 5.400 euros e inhabilitación especial para el ejercicio de su cargo durante unos cuatro años.

Según recoge la calificación del fiscal, dos de los procesados, matrimonio y ambos policías locales, "aprovechándose de su condición como agentes adscritos al servicio de Disciplina Urbanística", iniciaron en el verano del 2007 la construcción de una vivienda en una parcela de su propiedad en la urbanización Torreblanca "sin gozar de las licencias urbanísticas correspondientes".

Mientras, los otros dos procesados, agentes adscritos al mismo servicio, y constituidos como patrulla de vigilancia urbanística de la urbanización Torreblanca, tuvieron conocimiento, a finales de septiembre, de la construcción que realizaban sus compañeros, pero "con la finalidad de evitar la responsabilidad de aquellos", según el fiscal, no iniciaron expediente alguno de disciplina urbanística en el registro informático.

Posteriormente, el 11 de enero del año 2008, los acusados tuvieron conocimiento de que en breve iba a salir publicado en prensa que varios policías locales, adscritos al servicio de Disciplina Urbanística, construían en Torreblanca a pesar de carecer de licencias administrativa.

Por ello, "con la finalidad de dar cobertura legal a su actuación y evitar cualquier tipo de responsabilidad por razón de su cargo, unos por haber iniciado la construcción sin haber obtenido la obligada licencia, y los otros al no haber cumplimentado ni iniciado expediente alguno, convinieron de común acuerdo manipular un expediente ya registrado" en la base de datos del registro informático y que coincidiera en su creación con las fechas en que los agentes localizaron "la construcción ilícita" promovida por el matrimonio —septiembre de 2007—, para luego remitirlo a la Gerencia Municipal de Urbanismo.

Así, de común acuerdo, utilizaron un expediente ya registrado con fecha 26 de septiembre del 2007 y la agente, según el fiscal, cambió los datos del promotor y constructor, introdujo los de su suegra, y modificó los agentes denunciantes. También el 12 de enero y el 14 de enero introdujeron otras modificaciones, remitiendo el resultado a Urbanismo.

Manipulación de otro expediente

Aparte de las penas y las multas que solicita el Ministerio Público, igualmente pide que se deduzca testimonio a dos de los agentes al considerar que pudieran ser sospechosos de haber manipulado otro expediente de disciplina urbanística referido a la vivienda de otro uniformado.

El fiscal sugiere que el mismo 14 de enero —cuando la prensa local desvelaba lo ocurrido— los dos agentes de Medio Ambiente "decidieron dar a la promoción ilícita de una construcción en otra parcela de la misma urbanización el mismo tratamiento en cuanto a la introducción del expediente en la base de datos que en el anterior supuesto". Esto es, utilizaron supuestamente un expediente ya registrado en la base de datos.