El problema se remonta a 2001, cuando el Ayuntamiento dio una licencia a la promotora Castrodeza para levantar un edificio de 950,93 m2 cuando allí sólo se podían construir 843,32 m2, según el Plan General de Ordenación Urbana.Los denunciantes fueron los vecinos del bloque contiguo (Nicolás Salmerón, 32) porque consideraban que invadía su patio e incumplía la servidumbre de luces (espacio obligado a mantener entre un edificio y otro).
El Consistorio había tratado de legalizar la situación irregular de Niña Guapa, 23, pero ahora el Tribunal Superior de Justicia dice que hay que tirar todo.
El alcalde, Javier León de la Riva, dijo ayer que el Ayuntamiento acatará esta decisión, que considera «desproporcionada», y explicó que se trató de un error de cálculo de un funcionario, «no una decisión política».
Aún queda por aclarar quién compensa a los nueve vecinos que compraron su casa creyendo que era legal.
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