La organización de consumidores Facua ha interpuesto una denuncia administrativa ante la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Córdoba para que abran una investigación y, en caso de existir infracción, se sancione conforme a la legislación vigente, tras los hechos ocurridos en la noche del día 23 de octubre en la discoteca 'Podium', en la capital cordobesa, donde cinco jóvenes resultaron heridos al registrarse una aglomeración en las puertas de las instalaciones, que contaban con exceso de aforo.

En concreto, la denuncia, a la que ha tenido acceso Europa Press, detalla que en la madrugada del miércoles al jueves del día 24 de octubre la entidad 'Undreground Rebel Bingo' organizó una fiesta en la discoteca 'Podium', en el Polígono de Chinales, en la que "el exceso de aforo en el lugar fue el causante de los incidentes ocurridos", según se desprende del informe de la Policía, tras la investigación de los hechos, donde cinco jóvenes tuvieron que ser trasladados al Hospital Reina Sofía de Córdoba por heridas, "además de las declaraciones públicas realizadas por el subdelegado del Gobierno en Córdoba, Juan José Primo Jurado, así como de otros responsables municipales", destaca Facua.

Al respecto, y según el informe del Cuerpo de Seguridad Municipal, "el aforo del lugar era de 989 personas", si bien "en el interior del recinto se encontraban más de 1.500 personas, y a las afueras del mismo, y esperando su entrada otras tantas personas más", señala la organización de consumidores, que informa también, "y así se desprende de las propias declaraciones publicas de la Policía", que junto a la discoteca 'Podium' se habilitó una nave anexa para que los jóvenes hicieran botellón, "no reuniendo la misma las condiciones y requisitos pertinentes de habitabilidad y permisos que son necesarios, ya que la misma se encontraba en bruto, carecían de aseos, y desprovisto de toda medida de seguridad".

En este sentido, Facua considera que la organizadora responsable de la fiesta 'Undreground Rebel Bingo' "no puede achacar para justificar lo ocurrido, que los altercados se produjeron fuera de la discoteca, por el intento de acceso a la misma de los jóvenes al no permitírsele la entrada tras comprobar que se había cubierto el aforo", pues como ya se ha indicado, "el aforo permitido era de 989 personas, encontrándose en su interior más de 1.500 personas", a lo que añaden "otro numero de ellas sin contabilizar que esperaban fuera" y "también habían adquirido la entrada al local en los puntos de venta indicados por la organizadora".

Asimismo, la asociación cree que son "injustificadas" las alegaciones vertidas por la empresa organizadora en una red social, "en cuanto a que las inspecciones realizadas en el local estaban todas OK y a que la sala se encontraba en orden".

De este modo, Facua manifiesta que es "lamentable" el suceso ocurrido la madrugada del día 24 de octubre, por lo que incide en "la necesidad de realizar inspecciones y controles por parte de las autoridades competentes, durante la celebración de este tipo de eventos y no solo antes, debido a la peligrosidad que puede entrañar el concentrar a una gran cantidad de personas en un recinto cerrado".

Por todo ello, desde la asociación reclaman que "se inicien las actuaciones oportunas, a fin de verificar si los hechos ocurridos son constitutivos de infracción administrativa en materia de consumo, procediendo a sancionar conforme a la legislación vigente". La denuncia la han presentado en la Dirección General de Interior, Emergencias y Protección Civil de la Consejería de Justicia e Interior de la Junta y en el Servicio de Consumo del Ayuntamiento de Córdoba, que ha informado a Facua que da traslado de la denuncia a la Gerencia de Urbanismo, por entender que tal asunto es de su competencia, según fuentes de la organización de consumidores.

La "huella" de las sanciones

Por otra parte, el presidente de Facua Córdoba, Francisco Martínez, ha reclamado que "no se deje la sensación de impunidad a la ciudadanía" sobre estos hechos, sino que "se informe de las actuaciones llevadas a cabo y de las sanciones que se han aplicado o se van a aplicar por este tipo de hechos", de tal modo que "puedan ser ejemplarizantes para otras actuaciones también irregulares que se puedan producir". Y es que, a su juicio, "la administración no puede dar carpetazo" en este caso.

Al hilo de ello, comenta que en la organización tienen "la preocupación" de que "por los antecedentes de otras actuaciones con irregularidades, las sanciones no van a dejar la huella que permita que un futuro desistan o vuelvan a cometer otra irregularidad", al tiempo que lamenta que "hasta la fecha" las administraciones "nunca" han informado, "incluso aunque Facua esté personada en el procedimiento administrativo, al ser parte denunciante".

Entretanto, confía en que se produzca la investigación judicial por parte del Juzgado de Instrucción, que recibió las diligencias de investigación de la Policía, y en ella espera que "el Ayuntamiento se persone por la vía judicial, dado que las competencias municipales se ven afectadas también", y de este modo "se vea luz en el aspecto judicial", dado que "algunos afectados necesitaron asistencia médica y hay parte de lesiones", ha subrayado.

Mientras, apunta que en la asociación no han recibido expedientes sobre los afectados por los hechos, sino que se ha informado a los mismos sobre cómo recuperar el dinero de las entradas "a los pocos días", y que la promotora de la fiesta dijo que había devuelto todo a las personas afectadas, tras el desalojo del recinto. Algo en lo que Facua advirtió de que "hay muchos afectados que les requisaron el justificante para poder acceder a la discoteca a la hora entrar", aunque precisó que "es un poco complejo y complicado" todo el proceso.

En conclusión, el presidente de Facua señala que tras las denuncias "reiteradas" a establecimientos que "incumplen históricamente" la Ley General para la Defensa de los Consumidores, que "afecta a la seguridad de las personas", estaban "convencidos de que era cuestión de tiempo, se sabía que esto ocurriría", motivo por el que defiende que "las autoridades no deben permanecer impasibles y deben actuar con contundencia para que no se vuelva a repetir", recordando que faltan "pocas fechas" para que se empiece a convocar "de forma masiva" a personas para fiestas de cotillón o de Nochebuena.

Por tanto, advierte de que "la alerta debe ser permanente", y ante ello "las autoridades deben velar por el cumplimiento de la normativa en todos sus aspectos, no cuando suceden los hechos, sino hacerlo de manera preventiva antes, durante y después", dado que "esa es la garantía que tiene el usuario a la hora de asistir a una fiesta o celebración de cualquier tipo", ha aconsejado.