Tras más de un millar de denuncias individuales presentadas por la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Andalucía (FSS-CCOO Andalucía), las Inspecciones provinciales de Trabajo y Seguridad Social de Cádiz, Córdoba y Málaga han extendido actas de infracción o requerido al Servicio Andaluz de Salud (SAS) para que mantenga las bases de cotización de su personal en idénticas cuantías que las que tenía antes del recorte salarial aplicado en junio de 2010. El SAS "es el único organismo de la Junta de Andalucía que aún sigue cotizando indebidamente por alrededor de 60.000 profesionales", asegura.

En una nota, el sindicato ha afirmado que aunque la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Andalucía tiene constancia de que el SAS ha presentado alegaciones a las actas de infracción extendidas por las Inspecciones provinciales de Trabajo y Seguridad Social de Cádiz y Córdoba —en Málaga aún está en fase de requerimiento—, en una reciente reunión con la nueva directora general de Profesionales le ha pedido que sean igual de diligentes para restituir los derechos que corresponden a su personal como lo son para aplicar los recortes salariales y de derechos laborales.

De este modo, el secretario general de la FSS-CCOO Andalucía, Humberto Muñoz, ha asegurado que "las diferencias de las bases de cotización afectan desde mayo de 2010 a las prestaciones económicas de la Seguridad Social del personal en activo y de aquel que ya no está en el organismo al pasar a la situación de jubilación o de incapacidad permanente".

La FSS-CCOO Andalucía ha mantenido que las diferencias de cotización afectan a casi la totalidad de la plantilla, exceptuando al colectivo que tiene topada la base cotización en las cuantías máximas, como el personal directivo, cargos intermedios, facultativos y determinado personal diplomado de enfermería, por lo que los profesionales afectados ascienden a 55.000.

Sin embargo, al extenderse también el citado escenario al personal que ha pasado a la situación de jubilación o de incapacidad permanente desde mayo de 2010, la cifra global se ha acercado a los 60.000 trabajadores afectados.