Martinsa Fadesa, la promotora inmobiliaria que construyó las viviendas del Alto del Cuco condenadas a derribo, ve con buenos ojos la posibilidad de ser compensada por la anulación del plan parcial en esta zona de Piélagos a través de la obtención de un aprovechamiento urbanístico. No obstante, se ha mostrado "abierta" a "cualquier tipo de posibilidad" que sea "equilibrada" y no suponga una "merma sustancial" de sus intereses y "respete" también el interés general.

Así lo ha asegurado este martes en rueda de prensa el representante de Martinsa Fadesa Carlos Trigo, quien ha señalado que se están "barajando diferentes escenarios" y ha considerado que es "muy apresurado" hablar de los parámetros de ese posible aprovechamiento urbanístico, algo que no se ha establecido aún.

Sin embargo, ha reconocido que hay varias posibilidades, que podrían ir desde la compensación económica; la pecuniaria —que sería "a todos los niveles" y que es considerada por Martinsa Fadesa algo " 'quasi' utópico"—, y una solución "mixta".

El representante de Martinsa Fadesa ha considerado que este es un "buen" momento para hablar de las vías de compensación pues la aprobación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) llegará en un "futuro semi-inmediato".

A falta de que se resuelva el expediente de responsabilidad patrimonial, Fadesa considera que es "muy complicado" recuperar el 100% de la inversión, que es "elevada" y ronda los 40 millones de euros, de los que unos 8,5 millones son por los contratos de compraventa y los intereses que ha habido que devolver.

Sin embargo, Trigo ha reconocido que no toda la inversión se puede considerar como pérdida.

Convenio para entrar en los terrenos para derribar

Fadesa, SAREB —el denominado 'banco malo' y al que le corresponden parte de las viviendas del Alto del Cuco—, el Gobierno de Cantabria y el Ayuntamiento de Piélagos han suscrito este martes un convenio por el que las propietarias de los terrenos consienten que la Administración entre en ellos para proceder al derribo de las cerca de 140 viviendas del Alto del Cuco, previsto para 2014, al que seguirá la restauración ambiental de la zona.

Según ha aclarado el consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Urbanismo, Javier Fernández, en este convenio no se establecen "para nada" las responsabilidades, sino que en él las empresas aceptan que la Administración entre en estos terrenos para la demolición, cuyo coste será adelantado por el Gobierno regional.

Será pagado con el fondo de derribos que irá incluido en el Presupuesto de la Cantabria del próximo año y que estará dotado con una "cantidad suficiente" —que no ha adelantado Fernández— y que irá destinado al derribo de las viviendas del Alto del Cuco y a comenzar la regeneración.

A juicio de Fernández, el hecho de que el Gobierno de Cantabria asuma el "liderazgo" y adelante el dinero necesario para los derribos no significa que se considere "responsable" y, una vez resueltos los expedientes que determinarán la responsabilidad provisional será el momento de "echar cuentas".

El consejero ha opinado que ésta es "la única forma" de que se ejecuten las sentencias, algo que no puede dejar de hacerse por una "guerra entre Administraciones".

Además, ha señalado que, "hasta la fecha", los tribunales que se han pronunciado sobre este asunto, han declarado "en todos los casos" una "responsabilidad solidaria" entre las Administraciones participantes.

Además, Fernández ha señalado que, con este convenio, la Administración muestra su voluntad de ejecutar las sentencias de derribo de aquellas viviendas que, como las del Cuco, consideran que no se pueden legalizar, sin que el hecho de que no estén resueltos los expedientes de responsabilidad patrimonial, que pueden llevar "meses" o, incluso, "años", sean un "obstáculo" o lo retrasen.

El consejero ha explicado que, para la resolución de los expedientes de responsabilidad patrimonial, el plazo previsto es de seis meses, si bien ha advertido de que el de las viviendas del Alto del Cuco es "complejo" y podría alargarse este plazo.

Éste depende de si el expediente se concluye con acuerdo entre las partes, de lo que es partidaria la Consejería, o si se resuelve unilateralmente por parte de la Administración competente y, posteriormente, es recurrido ante los tribunales por la parte que no que quede de acuerdo, lo que podría hacer que tardase "años".

Dado que no habrá que a que se determine la responsabilidad patrimonial para derribar las viviendas del Alto del Cuco, el consejero ha abogado por que, para la resolución del expediente, se "tome el tiempo necesario" para encontrar una "vía adecuada y lógica".

Tras la firma de este convenio, los servicios jurídicos del Gobierno de Cantabria y del Ayuntamiento de Piélagos procederán a elaborar el calendario de los derribos del Alto del Cuco, que prevén presentar en noviembre ante los tribunales para que le den el visto bueno, algo en lo que confía el consejero.

Después de este convenio específico para el Alto del Cuco, el Gobierno de Cantabria y el Ayuntamiento de Piélagos firmarán otro para la ejecución del resto de sentencias de derribo del municipio.

400

Viviendas con posibilidad de ser legalizadas

Además de las del Alto del Cuco, Piélagos tiene en otras urbanizaciones viviendas con sentencia de derribo, como las de Entrelindes, las construidas en la parcela L05 y las diecisiete de Cerrias incluidas en el Plan de Derribos.

Sin embargo, el consejero cree que, mientras las de Entrelindes y la L05 pueden tener acomodo en el nuevo PGOU de Piélagos —que según su alcalde, Enrique Torres, se aprobará inicialmente en "pocos meses"— por lo que para podrían ser susceptibles de acudir a la vía de las autorizaciones provisionales.

Lo mismo, a su juicio, ocurre con el "grueso" de las viviendas con sentencia de derribo en Escalante, Miengo y, puede, que las de Argoños.

El consejero cree que habrá que demoler aproximadamente 300 viviendas con sentencia de derribo —las del Alto del Cuco, las 17 de Cerrias y las de La Arena, en Arnuero— mientras que unas 400 tienen posibilidad de legalización con las autorizaciones provisionales y los nuevos PGOU.