Villalobos cree que Estrasburgo confirmará su primera sentencia y que un Gobierno democrático tiene que acatarla

La vicepresidenta primera del Congreso, Celia Villalobos, cree que "lo normal" es que el Tribunal Europeeo de Derechos Humanos (TEDH) se reafirme en su primera sentencia contraria la 'doctrina Parot', dando la razón a la etarra Inés del Río, y ha dejado claro que un Estado democrático tiene que acatar las sentencias "las comparta o no".
Celia Villalobos, vicepresidenta primera del Congreso
Celia Villalobos, vicepresidenta primera del Congreso
EUROPA PRESS
Celia Villalobos, vicepresidenta primera del Congreso

La vicepresidenta primera del Congreso, Celia Villalobos, cree que "lo normal" es que el Tribunal Europeeo de Derechos Humanos (TEDH) se reafirme en su primera sentencia contraria la 'doctrina Parot', dando la razón a la etarra Inés del Río, y ha dejado claro que un Estado democrático tiene que acatar las sentencias "las comparta o no".

"Lo normal es que se reafirme en el mismo sentido, por eso está todo el mundo preocupado, es una situación grave y complicada que no nos gusta a nadie", ha dicho en una entrevista a RNE recogida por Europa Press.

Preguntada por el "mensaje" que la derogación de la doctrina trasladaría a los ciudadanos, ha replicado que, si se produce esa anulación, será decisión de un tribunal y "no se le puede echar la culpa al Gobierno español", porque el Gobierno ya ha cambiado el Código Penal para evitar situaciones como ésta.

Etarras que se acogen "a una ley de franco"

"Este asunto está resuelto, lo que no está resuelto es lo anterior y es curioso que se acojan los etarras a una Ley de Franco", ha ilustrado, puesto que la 'doctrina Parot' afecta a criminales —no sólo terroristas— juzgados con el Código Penal de 1973.

El año pasado el Tribunal de Estrasburgo dio la razón a Del Río y el Gobierno español recurrió la sentencia. La Gran Sala emitirá hoy su sentencia final sobre el caso de esta etarra y la aplicación a su condena de la 'doctrina Parot', que hace que los beneficios penitenciarios se apliquen a la totalidad de las penas, no al máximo de 30 años de estancia en prisión.

Villalobos ha pedido esperar a leer la sentencia "en su integridad", pero ha dejado claro que España, como firmante del Convenio Europeo de Derechos Humanos, tiene "un compromiso para cumplir esa sentencia" porque un Estado democrático debe acatar las sentencias judiciales, las comparta o no. Así, se ha mostrado convencida de que el Gobierno, una vez leída la sentencia en su integridad, hará lo correcto.

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