El presidente de la sala de lo Contencisoso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Francisco Gerardo Martínez, ha acordado aunar en una sola sala todos los recursos presentados contra la resolución de la Consejería de Sanidad por la que se procedía a privatizar la gestión de seis hospitales públicos de la región para evitar dictámenes que sean "contradictorios".

En la diligencia de ordenación, fechada a 11 de octubre, el presidente de la Sala se dirige a la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (Afem) para explicar que adopta esta disposición dado que existen "diferentes secciones de la Sala" con "distintos recursos" que tienen como objeto la impugnación de la resolución del Gobierno regional.

En concreto, dentro del TSJM se han dictado resoluciones, al menos, en las secciones tercera y octava, que "resultan o pueden resultar contradictorias", por lo que ha acordado llamar para formar Sala a todos los magistrados que componen la Sala de lo Contencioso Administrativo. "Lo estimo necesario para la Administración de Justicia", añade Martínez.

Esta medida afectará a todos los recursos ya en marcha en la citada Sala, independientemente del trámite procesal en el que se encuentren, se explica en el texto, que añade que la Sala que tomará a partir de ahora las decisiones estará compuesta por el propio presidente, el presidente de la Sección correspondiente y el ponente que ya viniera establecido en la sección de origen.

Además, se advierte de que esta decisión también repercutirá en próximos recursos que podrían aparecer. "Para el resto de resoluciones resolutorias de todos los recursos e incidentes que estén planteados o pudieran surgir en estos procesos y el dictado de las sentencias, la decisión corresponderá al Pleno de la Sala", reza.

Con esta decisión, el TSJM da respuesta, de algún modo, a las críticas vertidas por el Gobierno de la Comunidad de Madrid, que lleva semanas demandando que todo el proceso se unifique en el TSJM dado que distintos juzgados se estaban pronunciado al respecto y en distintas direcciones, generando "confusión" e "inseguridad jurídica", en palabras de los dirigentes autonómicos.

Solo el pasado mes de septiembre, la justicia madrileña se pronunció hasta en tres ocasiones: dos a favor de la suspensión cautelar del proceso --presentado por la sección cuatro y tres de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJM-- y una tercera en sentido contrario --en un auto publicado por el Juzgado Contencioso Administrativo número 16--.